Un Juez de EEUU rechazó una demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas

Un tribunal de Estados Unidos desestimó una multimillonaria demanda que presentó México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de “comercio negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.

“Desgraciadamente, para el gobierno de México todas sus demandas están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones”, justificó el juez Dennis Saylor del estado de Massachusetts en un largo documento en el que señaló además que el tribunal “no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso”.

En su escrito, el magistrado indica que “aunque el Tribunal siente una considerable simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”.

Eso lo lleva a afirmar que “se concederán las mociones de desestimación” que habían presentado los acusados, consignó la agencia de noticias AFP.

México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país ante el tráfico fronterizo.

Según la cancillería mexicana, de 342.000 a 597.000 armas fabricadas por esas firmas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedente de Estados Unidos; armas que terminan siendo halladas en 70% a 90% de las escenas del crimen a nivel nacional.

Ante el tribunal se impuso la postura de los fabricantes de armas Foto Facebook Interestate Corp
Ante el tribunal se impuso la postura de los fabricantes de armas. Foto Facebook Interestate Corp

El gobierno mexicano asegura haber “tenido que gastar enormes fondos” para combatir los efectos “de la conducta ilícita de los demandados”, entre “costos sustanciales e inusuales” de atención médica, servicios policiales y militares, administración de justicia penal, asistencia pública y otros servicios y programas públicos.

Por lo que decidió apelar el rechazo a su demanda contra los fabricantes de armas, estimada en unos 10.000 millones de dólares, según la agencia de noticias Europa Press.

“La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país”, informó el ministerio en un comunicado, luego de conocer el veredicto.

México ocupa la tercera posición de la lista de naciones con más muertes relacionadas con armas, causadas principalmente por el narcotráfico y una vorágine de violencia que aumentó desde 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un cuestionado operativo militar antidrogas.

El centro de la demanda consistía en determinar si fuera de México los fabricantes están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada con el objetivo de proteger a la industria armamentística de toda responsabilidad civil por el mal uso penal de sus productos.

Los fabricantes alegaban que México carece de “jurisdicción personal” para acusarlos legalmente.

En una réplica fechada el 14 de marzo, las empresas sostenían que la denuncia no mencionaba “a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México”.

Además, acusaban al gobierno mexicano de tratar de responsabilizarlos “por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales” en ese país.

Con su demanda ante una corte del estado de Massachusetts, donde se encuentra la sede de la mayoría de fabricantes de armas, México busca poner el tráfico ilegal en el centro de la conversación bilateral y compartir responsabilidades con su vecino por la violencia ligada al narcotráfico.

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