El milagro de la transparencia blue: cuando un diploma de honor se mezcla con el secretismo de lo gastado en pauta oficial y asesores
Se anuncia con bombos y platillos desde el atrio de la gestión provincial, según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Santa Fe alcanzó los 100 puntos en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y se metió en el “consagrado podio” de las tres únicas jurisdicciones con “cumplimiento estricto”. “Tomá vo´”, diría un uruguayo cualquiera, mientras toma mate en alguna plaza perdida de Montevideo.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, no tardó en ponerse prolijamente la deseada cucarda al destacar que este logro refleja una gestión basada en “la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y el acceso ciudadano a la información”. Hermoso eufemismo, casi conmovedor en tiempos donde estar flojos de papeles, se ha convertido, casi en un evento cotidiano…
El único problema —un detalle menor, sabrán disculpar los exquisitos— es que en Santa Fe la transparencia parece funcionar como la física cuántica: existe en los papeles, pero desaparece cuando intentas mirarla de cerca. Mientras el relato oficial nos habla de una administración “abierta y previsible”, en los insospechados laberintos de la información oficial, es “mejor no hablar de ciertas cosas”, cantaría Sumo.
La planta política total del gobernador experimentó en su administración un crecimiento que generó ruido, pasó de 662 cargos en 2023 a la módica suma de 2.115. Sí, leyó bien, se triplicó y para lograr semejante cambio no solo hicieron falta designaciones directas, sino también una creatividad arquitectónica estatal sin precedente alguno. A los tradicionales niveles que van del 1 al 4, la gestión actual creó siete niveles nuevos (del 5 al 12), generando más de 1.000 cargos políticos que antes, no existían.
Los “asistentes técnicos” de los primeros niveles crecieron un 265% y no estamos hablando de pasantes ad honorem, estos cargos concentran los ingresos más VIP de la provincia: en la primera mitad del año, mientras el santafesino común hace malabares con la tarjeta, con los impuestos, el alquiler, etc., un asistente de nivel bajo cobraba entre $1.700.000 y $3.300.000 mensuales. Los directivos, por supuesto, superan los $6.000.000. Datos confirmados mediante la información artesanalmente conseguida por este medio, mas no se pudo hacer…
El inconveniente es que cualquier persona de la provincia que quiere hurgar en el detalle fino del mencionado personal político en la página oficial, se encuentra con la realidad de que la información solicitada: “se estaría cargando forever”. El otro gran monumento a la “transparencia de 100 puntos” es la inversión en publicidad, desde que arrancó la gestión en 2023, los números de la pauta santafesina entraron en un cono de sombra digno del Triángulo de las Bermudas. No se ha publicado absolutamente nada, NECESITARÍAMOS LETRAS MAS GRANDES PARA DECIRLO.
Contamos con las constancias de dos pedidos formales hechos en la página de acceso a la información pública. ¿Las respuestas? un compendio de excusas vagas emitidas desde la Secretaría de Comunicación donde nos advirtieron, con un estoicismo admirable, que el pedido será atendido cuando terminen de procesar la información. “Estamos verificando, vuelva el año que viene”, reza el cartel que nos encontramos prolijamente colgado en la marquesina de la gestión.
Mientras desde las oficinas de control se “verifica” todo, las sospechas caminan solas. Empleados de las áreas implicadas, cansados del secreto de sumario impuesto, nos hacen llegar mensajes recurrentes donde tildan de “obscenas” las cifras que se le pagan a un selecto puñado de medios y multimedios afines. Una generosidad estatal que, casualmente, coincide con coberturas periodísticas siempre amables, siempre complacientes.
Dice el ministro Olivares que esto “fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y el control social” y quizás tiene mucha razón. El control social a su manera se está haciendo, los santafesinos preocupados por el destino de sus impuestos miran absortos cómo crecen los cargos, cómo se esconde la pauta y cómo se ignora la ley de acceso a la información. Lo que pasa es que controlan a ciegas, adivinando – como pueden – entre la espesa niebla del discurso gubernamental.
Santa Fe tiene un inmaculado estandar de transparencia para los organismos que miran planillas macroeconómicas desde Buenos Aires, pero los habitantes de la bota santafesina quieren saber en qué bolsillo termina la plata de sus impuestos, en ese rubro la nota en el boletín de calificaciones sigue siendo un rotundo “aplazo”. Gobernador, ministros, funcionarios, la transparencia no es un trofeo que se cuelga en la pared; sino una puerta que se deja abierta para que la gente común pueda pasar cuando tenga alguna curiosidad de saber lo que hace su gobierno con el erario público. Moraleja: dejen de verificar tanto y muestren por fin los números, por el bien de esa transparencia que tanto y tanto se proclama…