Denuncian que el gobierno de Pullaro utiliza el IPAS para la persecución política y el avasallamiento de los pueblos originarios
Referentes sociales y miembros de las comunidades originarias de la provincia de Santa Fe manifestaron su profunda preocupación por una problemática estructural que, aseguran, lleva décadas sin una solución real. En este contexto de postergación histórica, los reclamos apuntaron directamente al gobierno provincial por la falta de respuestas concretas y, de manera urgente, por las recientes decisiones políticas que afectan el funcionamiento y la representación de los pueblos indígenas en el territorio santafesino.
La consejera titular del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesino (IPAS), Lorena Chara, oriunda de la ciudad de Las Toscas, hizo pública una grave denuncia institucional respecto a la conducción del organismo. La dirigente, quien fue electa de manera democrática en noviembre del año pasado a través de una Asamblea Soberana en la que participaron todas las comunidades de la provincia para elegir a sus representantes por zona, expuso la situación de tensión y avasallamiento que se vive en diversas localidades del norte y centro de la provincia.
La representante del IPAS apuntó directamente contra la figura de Eduardo Cabañas, el actual presidente del instituto, afirmando que fue designado “a dedo” por el gobernador Maximiliano Pullaro y que carece de legitimidad ante las comunidades. Según la denuncia, el funcionario público no está respetando los derechos de los pueblos originarios ni a sus autoridades legítimas. Chara detalló que recibió alertas de líderes territoriales, entre ellos Roberto Prieto de la comunidad Natocoy de Florencia, denunciando que Cabañas realiza recorridas sin la obligatoria consulta previa, invadiendo los espacios comunitarios, pasando por encima de los referentes locales e incentivando divisiones y levantamientos políticos bajo el argumento de ser la máxima autoridad avalada por el Ejecutivo.
Desde las comunidades califican el accionar del titular del IPAS como una persecución política que representa un severo retroceso para los derechos conquistados en las últimas décadas. Chara enfatizó que el funcionario, oriundo de Rosario, desconoce por completo la realidad del extenso territorio provincial, sus raíces y las necesidades de los hermanos de cada zona, limitando su gestión a ingresar de forma ilegal a las comunidades para realizar reuniones informales y tomar registros fotográficos con fines estrictamente políticos, sin aportar ninguna respuesta positiva ni dominar el marco legal y constitucional que rige los derechos indígenas.
Finalmente, la dirigencia comunitaria responsabilizó de forma directa al gobernador por sostener en el cargo a un funcionario al que califican de incompetente y que ya había sido rechazado por las propias bases, recordando que el año pasado Cabañas intentó postularse como consejero y no alcanzó los 30 votos de los líderes provinciales. Con esta exposición pública, los referentes indígenas buscan alertar tanto a la sociedad como al arco político santafesino sobre las consecuencias de estas decisiones oficiales, advirtiendo que no permitirán que se sigan pisoteando sus derechos ni su autonomía institucional.