Fuertes críticas de organismos de DD.HH. y movimientos sociales al nuevo Código Procesal de Pullaro: “Nos retrotrae a épocas de terrorismo de Estado”
Diversas organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos de Rosario expresaron su más enérgico repudio al proyecto de modificación del Código Procesal Penal enviado por el gobierno santafesino a la Legislatura. Según manifestaron las entidades firmantes, esta iniciativa no hace más que profundizar la reforma implementada en diciembre de 2023, apenas asumida la gestión de Maximiliano Pullaro, vulnerando garantías constitucionales básicas e invirtiendo el principio de inocencia establecido en nuestra Constitución Nacional.
Entre las modificaciones más alarmantes que impulsan el gobernador y su ministro de Justicia y Seguridad, se destaca el pedido para restituir la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial en los primeros momentos de la investigación. Asimismo, el proyecto propone eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del acusado, habilitar el allanamiento automático por secuestro de armas en la vía pública y autorizar el derribo de inmuebles por simple orden fiscal, prescindiendo de la autorización judicial previa.
Para las agrupaciones de derechos humanos, todas y cada una de estas medidas vulneran derechos elementales y retrotraen al país a épocas donde imperaba el terrorismo de Estado, un modelo que el pueblo argentino ha descartado y rechazado en numerosas oportunidades. Denunciaron además que la reforma avanza decididamente en la legalización de las llamadas tareas de inteligencia, lo que definieron directamente como un espionaje estatal diseñado para quitar el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a expresar libremente sus ideas.
El documento también traza un paralelismo entre la política criminal de la provincia y las directrices del Gobierno Nacional, asegurando que se está adoptando una doctrina de seguridad continental donde todos los ciudadanos pasan a ser sospechosos y pasibles de cárcel o tortura hasta que demuestren lo contrario. En este sentido, señalaron que la construcción de la nueva cárcel modelo, denominada significativamente por la gestión como “el infierno”, forma parte de esta misma línea represiva que busca instalar el miedo en la sociedad.
Frente al complejo escenario de inseguridad que golpea a la región, el comunicado sostiene con firmeza que la situación de violencia que se vive, sobre todo en los barrios humildes que bordean la ciudad, no se soluciona con más violencia. Las organizaciones afirmaron que la única manera de desterrar a quienes trafican con el negocio que siembra muerte en las barriadas es atacando las raíces de la desigualdad social y la exclusión que genera un Estado ausente.
Hacia el final del documento, las entidades hicieron un llamado urgente a toda la sociedad para rechazar este avance represivo y exigir, en su lugar, un aumento del presupuesto destinado a comedores, centros culturales, clubes de barrio y programas de inserción social que devuelvan la dignidad a los sectores más vulnerables. El reclamo cierra bajo las consignas históricas de No a la pérdida de derechos, Ni un paso atrás y Ni un pibe menos.
La declaración lleva la firma de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos Rosario, Asociación Anahí Filial Rosario, H.I.J.O.S. Rosario, Abuelas Filial Rosario, Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Sitio de Memoria Biblioteca Popular C. C. Vigil, Nietes Rosario, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos Rosario, Colectivo de Ex Presos Políticos Rosario y el Centro Cultural Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario.