Panamá le negó el salvoconducto a Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua
Panamá negó el salvoconducto de salida del país al expresidente Ricardo Martinelli, a quien Nicaragua otorgó asilo hace dos días luego de que fuera condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Martinelli (2009-2014) solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá luego de perder la semana pasada su último recurso ante la justicia panameña para evitar ir a prisión, y el gobierno del presidente Daniel Ortega se lo concedió de inmediato.
El expresidente continuaba el viernes, por tercer día consecutivo, refugiado en la legación diplomática nicaragüense en Panamá, desde donde se ha pronunciado abiertamente contra el Gobierno por lo que considera una persecución política.
“La solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha sido denegada”, dijo la cancillería panameña en un comunicado emitido a última hora del viernes.
Ortega ha concedido asilo a otros expresidentes y altos funcionarios centroamericanos que enfrentan problemas con la justicia, entre ellos los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Además, la Cancillería panameña consideró “incompatible” que Martinelli realice en la embajada nicaragüense cualquier actividad política, en referencia a entrevistas de prensa que ha dado desde alló, donde también ha recibido a aliados políticos.
Poco después, Managua declaró que la negativa de Panamá para extender el salvoconducto es una “violación” a las convenciones sobre asilo.
“El Asilo al Señor Martinelli ha sido concedido por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida”, destacó la cancillería nicaragüense.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, criticó el otorgamiento del asilo a Martinelli.
“La concesión de asilo en Nicaragua por Ortega-Murillo al expresidente panameño Ricardo Martinelli es una medida más para socavar el Estado de derecho y subvertir la justicia”, dijo Nichols en la red social X (antes Twitter).
“Los funcionarios del gobierno que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas”, añadió.
Por su parte, la Sala de la Corte Suprema que rechazó el recurso de Martinelli remitió el viernes el expediente del caso al Tribunal Superior de Litigación de Causas Penales como parte del proceso para que la justicia dicte la orden de arresto.
Martinelli había iniciado el pasado sábado su campaña para las elecciones presidenciales del 5 de mayo, un día después que la Corte Suprema publicara el fallo que rechazaba su último recurso.
Pidió asilo “en razón del peligro inminente a su vida”, según su vocero, Luis Eduardo Camacho.
Martinelli, de 71 años, fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
El fallo de primera instancia fue ratificado en octubre por un tribunal de apelaciones, luego de lo cual Martinelli presentó un último recurso de casación para intentar anular la sentencia.
Desde entonces, el expresidente y dueño de una cadena de supermercados presentó sucesivos recursos de amparo, en un aparente intento de dilatar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los comicios, pero todos fueron rechazados.
A pesar de sus líos judiciales, Martinelli era hasta ahora muy popular en Panamá, según las encuestas. Otros postulantes a los comicios de mayo son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.
Martinelli es líder del partido Realizando Metas (RM, las iniciales de su nombre), cuyo candidato a vicepresidente es su exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.
Martinelli calificó el fallo de la Corte Suprema como una “jugada salvaje e ilegal de último momento” para sacarlo de la carrera electoral dictado por “magistrados de pacotilla”, y pidió a sus seguidores que apoyaran a Mulino si es inhabilitado como candidato.
El expresidente fue juzgado por comprar en 2010, mientras era presidente, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América con dinero proveniente del cobro de comisiones en obras de infraestructura.
Para esa adquisición se utilizó una parte de los 43,9 millones de dólares que distintas empresas depositaron en un complejo esquema de sociedades, según la justicia.
Este caso es conocido como “New Business” por el nombre de una de las sociedades utilizadas en la trama.
Asimismo, el expresidente debe enfrentar otro juicio en julio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
Dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, cumplieron dos años y medio de prisión en Estados Unidos por el cobro de comisiones a Odebrecht.