Según estudio de Zuban Córdoba, el 76% de los argentinos considera irresponsable el tratamiento del caso Agostina por parte del estado
A 11 años de la primera e histórica movilización de Ni Una Menos, la problemática de la violencia de género sigue estando en el centro de la escena pública, consolidándose como una causa que supera las grietas partidarias en Argentina. La última encuesta de la consultora Zuban Córdoba pone cifras detalladas a una realidad palpable, dejando un diagnóstico contundente: la sociedad no pide menos Estado, sino un Estado que funcione con eficacia, seriedad y profesionalismo.
El “Caso Agostina” y el costo político de la inacción
El informe arranca con una certeza ineludible: la violencia de género y sus consecuencias más extremas son temas que conoce absolutamente todo el mundo. El 99,9% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído sobre el “Caso Agostina”, al tratarse de un hecho que no le pasa de costado a ningún sector social, cualquier actor con responsabilidad pública quedó expuesto bajo la lupa social por la reacción que tuvo ante el caso.
En este escenario, el comportamiento de los distintos actores institucionales arroja saldos muy dispares:
Los medios de comunicación: Obtuvieron un respaldo considerable, casi 6 de cada 10 encuestados (58,6%) consideraron que la cobertura mediática fue responsable.
El Estado: La percepción es radicalmente opuesta, el 75,9% califica la respuesta estatal como irresponsable, siendo la opción más dura (“muy irresponsable”) la más elegida con el 46,3%.
Falta de profesionalismo: Al preguntar de forma directa si el Estado respondió con seriedad y profesionalismo, un abrumador 82,2% contestó que no.
El diagnóstico político: El caso funciona como la prueba explícita de un Estado que no estuvo a la altura de las circunstancias, lo que se traduce en un costo político concreto para quienes gestionan el poder ejecutivo.
La Justicia bajo la lupa: el eslabón más débil del sistema
Si hay una institución que sale severamente dañada de este relevamiento es el Poder Judicial. La desconfianza en fiscalías y tribunales trepa al 80,4%, y dentro de ese universo, más de 6 de cada 10 personas eligen directamente la opción de “mucha desconfianza”. Si bien las fuerzas de seguridad tampoco salen airosas —la policía acumula un 68% de desconfianza—, lo de la justicia se ubica en otro nivel de gravedad.
Lejos de tratarse de una bronca difusa, la ciudadanía identifica una causa muy clara: el 71,2% de la población cree que jueces y fiscales no están bien formados en perspectiva de género, existe un diagnóstico social preciso que viene acompañado de una demanda urgente y con un enorme apoyo social: una agenda clara de reforma judicial y capacitación obligatoria.
Zuban Córdoba – Estudio "Ni Una Menos" by La Voz de Rosario
Una brecha de género innegable: hombres y mujeres no viven lo mismo
El informe de la encuestadora se encarga de demostrar con datos mensurables que la violencia de género es un fenómeno real, cotidiano y estructural que atraviesa a la gran mayoría de las mujeres. Las diferencias al segmentar las respuestas por género son drásticas:
1. Inseguridad y acoso en la vía pública
Mientras que el 53,7% de los varones afirma no haber sufrido ninguna situación de acoso o violencia en la calle durante el último año, entre las mujeres ese número cae drásticamente al 29,2%. Esto significa que 7 de cada 10 mujeres pasaron por alguna situación de violencia en el espacio público. Entre los flagelos más comunes se destacan el acoso verbal (22,3%) y el contacto físico no deseado o manoseo (12,3% frente a apenas un 4,3% en los varones).
2. Ámbito laboral y doméstico
En el trabajo: El acoso verbal sexual afecta al 23,4% de las mujeres, exactamente el doble que a los varones (11,6%).
En el hogar: Puertas adentro aparece la violencia más silenciosa (amenazas, humillaciones y control económico). El 64,2% de las mujeres declara haber estado a salvo de estas situaciones en el último año, frente a un 78% de los varones que no sufrieron nada en sus hogares.
El alto precio de denunciar
El estudio también indaga en las razones del bajo índice de denuncias formales. El 69,7% de los encuestados cree que a las víctimas se las estigmatiza cuando deciden denunciar. Al abrir por género, la percepción de este castigo social muestra otra brecha: lo nota el 78,8% de las mujeres frente al 60,2% de los varones. Ellas no solo sufren más violencia, sino que son mucho más conscientes del costo social que implica animarse a alzar la voice.
Consensos absolutos: la demanda de un Estado eficaz
A pesar del profundo clima de desconfianza institucional, la sociedad argentina no está pidiendo que el Estado se corra de esta agenda; por el contrario, le exige que funcione. Ante la pregunta de quiénes deben ser los principales responsables de prevenir la violencia, el Estado lidera con el 26,9%, seguido por la Justicia con el 22,8% y las familias con el 20,6%.
Donde prácticamente no existe la grieta es en las herramientas concretas de protección criminal. El 84,5% de la sociedad exige que la Alerta Sofía se active de manera inmediata ante la desaparición de un menor. El apoyo a esta medida es transversal: trepa al 91,4% entre las mujeres y alcanza el 77,6% en los varones. Reforzar este tipo de instrumentos y los registros de ofensores sexuales representan un terreno de “ganar-ganar” para la dirigencia, una acción política con nulo costo y un respaldo social total.
Apoyo a la activación inmediata de la Alerta Sofía:
██████████████████████████░░░ 84.5% (Total General)
█████████████████████████████ 91.4% (Mujeres)
██████████████████████░░░░░░░ 77.6% (Varones)
A más de una década del nacimiento de Ni Una Menos, la lucha contra la violencia de género se consolida como un eje capaz de generar consensos absolutos en un país habitualmente asfixiado por la polarización política. Más allá de sectores minoritarios que pretendan utilizar la temática para librar batallas culturales estériles, los datos duros demuestran que la ciudadanía reclama herramientas eficaces.
Para la clase política, el mensaje de los datos de Zuban Córdoba es una hoja de ruta clara: la reforma judicial es urgente, la brecha de género es real y la sociedad exige un Estado eficiente, encontrar puntos de acuerdo en esta agenda común es el primer paso indispensable para construir políticas públicas que logren sobrevivir en el tiempo.