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Arce promulgó la ley de Censo en Bolivia y volvió a enfrentarse con Evo Morales

El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este viernes la ley que garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda en marzo de 2024 con la que su gobierno logró superar el conflicto de 36 días de paro que mantuvo con la oposición de derecha, aunque profundizó su enfrentamiento con el exmandatario Evo Morales, quien aseguró que, detrás de esta ley, “se esconde un acuerdo de impunidad a cambio de gobernabilidad”.

“Advertimos que detrás del retorno de la pactocracia neoliberal, se esconde el pacto de impunidad a cambio de gobernabilidad. El oportunismo y las ambiciones de unos cuantos han sometido a nuestro gobierno elegido con el 55.11% al control de las bancadas minoritarias de la derecha”, se quejó Morales en Twitter.

Agregó que la promulgación de la ley del censo, será “un error histórico al ser la primera vez que un mandatario firma una ley que hace innecesario su propio decreto”.

“¿Esta consecuencia habrá sido premeditada por la oposición golpista?”, preguntó, por último, Morales.

Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición de derecha y ultraderecha, inició hace dos meses un enfrentamiento con el Gobierno central para exigir que se adelante a 2023 el censo que tocaba realizar en 2022, y se postergó por razones técnicas, debido a que la encuesta nacional actualizaría la representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe Santa Cruz, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.

El Ejecutivo nacional ya tenía decidido por decreto que ese relevamiento sería el 23 de marzo de 2024.

Sin embargo, la oposición, en un intento que parecía destinado a bajar sus pretensiones sin que se note demasiado, reclamó al Gobierno que esa fecha salga por ley, lo que finalmente ocurrió en la mañana del viernes, tras la aprobación en el Parlamento.

En la mañana del viernes, antes de anunciar la promulgación de la ley, Arce se refirió a las pérdidas que provocó el paro de 36 días en la provincia de Santa Cruz.

En su alocución, hizo un repaso de la negociación entre representantes de Santa Cruz y el Gobierno, y el daño económico de las protestas en esa provincia, que estimó en 1,2 millones de dólares.

“La ley que se aprobó en el Congreso no es de la derecha, lo planteó la izquierda, y no vulnera competencias. Es una ley de aplicación de resultados del censo”, puntualizó Arce en una conferencia transmitida por el canal estatal Bolivia TV.

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