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Vergüenza y escándalo por la carpa VIP en la visita papal: contrataciones directas y duras denuncias de Marcela Pagano contra el Gobierno de Milei

La reciente visita del Santo Padre a Buenos Aires se vio envuelta en una intensa controversia política tras la difusión de los costos de organización y el acceso exclusivo a áreas reservadas. La filtración de los montos destinados a la logística de la misa y la vigilia despertó fuertes críticas de la oposición y de sectores disidentes, encabezados por la diputada nacional Marcela Pagano, quienes cuestionan el uso de fondos públicos para un trato preferencial hacia la farándula y sectores del poder mientras los fieles aguardaban a distancia.

Según las denuncias publicadas por la legisladora, la Jefatura de Gabinete de Ministros adjudicó a la firma DF Entertainment S.A. un contrato de $8.690 millones de pesos para el control de accesos y la seguridad del evento, en el marco del proceso 79-0012-CDI26. La operación se habría tramitado bajo la modalidad de contratación directa por “urgencia”, justificativo que fue objetado por Pagano al señalar que la visita papal se conocía con cinco meses de anticipación. Asimismo, advirtió que, sobre el mínimo legal de tres empresas invitadas, solo se presentó una única oferta.

El cuestionamiento no se limita al contrato de la productora. Pagano aseguró que existieron al menos seis contrataciones directas adicionales para el armado de infraestructura —que incluyó pantallas, vallas, sonido y generadores—, alcanzando un desembolso global superior a los $20.350 millones de pesos (aproximadamente 13 millones de dólares). La diputada apeló al Decreto 1023/2001 para remarcar que las excepciones a la licitación pública exigen una urgencia objetiva y debidamente probada, situación que considera no justificable en este tipo de eventos institucionales.

El mayor foco de conflicto se centra en el servicio de catering y la carpa VIP montada durante la jornada. Desde el sector denunciante exigen la publicación del expediente completo, el detalle de los subcontratistas y la presentación de las declaraciones juradas de intereses bajo el Decreto 202/2017. El pedido de explicaciones apunta a la gestión del Ejecutivo y a la Secretaría General de la Presidencia, con el reclamo de poner fin al secreto administrativo sobre el destino del dinero de los contribuyentes.

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