Francia: La aprobación de una polémica ley migratoria causó una crisis gubernamental
La aprobación en Francia de una controvertida ley migratoria respaldada por el presidente Emmanuel Macron con el apoyo de la ultraderecha abrió una importante brecha dentro de la mayoría gubernamental.
Tras 18 meses de negociaciones en torno del proyecto de ley, la Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento) sacó adelante el texto a última hora de la noche del martes con 349 votos a favor y 186 en contra.
Los partidos Los Republicanos (LR, derecha) y Agrupación Nacional (RN, ultraderecha) secundaron el texto que el Senado había votado previamente.
La elección sumió a la mayoría presidencial, compuesta por varias formaciones, además del partido Renaissance del presidente Macron, en una crisis, ya que 59 de sus 251 diputados no votaron a favor del texto: 27 decidieron hacerlo en contra y 32 se abstuvieron.
Un elemento clave de la ley es que las subvenciones sociales para extranjeros no comunitarios, es decir que no son ciudadanos de la Unión Europea (UE), estarán condicionadas a partir de ahora a una presencia mínima de cinco años en el territorio, o de 30 meses en el caso de que la persona tenga trabajo.
Además, también se podrán acordar cuotas migratorias y se incluyen medidas para que los condenados por homicidio con doble nacionalidad puedan ser despojados de la ciudadanía francesa.
El texto generó polémica en el Gobierno y llevó al ministro de Salud, Aurélien Rousseau, a entregar la noche del martes una carta de renuncia a la primera ministra, Élisabeth Borne, según confió una fuente ministerial a la agencia de noticias AFP.
Sin embargo, Borne aseguró que Macron “no recibió la dimisión” del ministro.
Al igual que Rousseau, varios ministros reacios al proyecto de ley, como Clément Beaune (Transportes) o Sylvie Retailleau (Educación superior), fueron recibidos la noche del martes por Borne, según varias fuentes gubernamentales.
Ante la brecha abierta en su propio campo, Borne denunció una “burda maniobra” de la ultraderecha para causar divisiones.
En una entrevista con la radio France Inter, Borne negó este miércoles que haya una “crisis en la mayoría” presidencial y declaró que tiene la “sensación de haber cumplido” con su deber sacando adelante una ley “que respeta nuestros valores”.
No obstante, admitió que el texto, muy cuestionado por la izquierda y por ONGs, incluye algunas medidas que podrían ser anticonstitucionales y consideró que la ley probablemente “evolucionará” tras ser examinada por el Consejo Constitucional.
Agregó que con esta ley el Gobierno busca “alejar lo más rápida y eficazmente a quienes no tienen derecho de estar en Francia e integrar mejor a quienes elijamos acoger” en el territorio.
Macron tiene previsto pronunciar en las próximas horas un discurso televisado sobre el tema, anunció France Télévisions en un comunicado.
La condición de que los extranjeros no comunitarios que se encuentren en situación irregular deban permanecer un periodo mínimo en el territorio para acceder a las prestaciones sociales configuró un fuerte escollo durante las negociaciones.
La derecha reclamaba un plazo de cinco años para que esas personas pudieran acceder a ayudas “no contributivas”, pero al final se decidió distinguir entre los extranjeros que trabajen y los que no.
Así, los extranjeros de fuera de la UE que deseen acceder a las ayudas al alquiler deberán haber residido en Francia al menos cinco años si no trabajan. Si lo hacen, con una presencia de tres meses bastará.
Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes extranjeros.
La versión aprobada la noche del martes es más restrictiva que el proyecto de ley inicial, aunque contempla la posibilidad de que un trabajador irregular pueda pedir el permiso de residencia sin el aval de su empleador.
El hecho de que los ultraderechistas de Agrupación Nacional de Marine Le Pen votaran a favor del texto generó descontento en parte de la mayoría presidencial.
Un diputado de Renaissance comparó ese apoyo con un “beso de Judas” para la mayoría presidencial.
El jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud, afirmó que la aprobación supone una “deshonra para el gobierno” y el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon consideró que la ley “deforma la imagen de Francia”.
En cambio, el presidente del partido conservador Los Republicanos, Eric Ciotti, se mostró satisfecho con lo que denominó “una victoria para la derecha”.