Balas oficiales y silencio político: Miguel Rabbia apuntó contra Pullaro y exige rastrear el arsenal que termina en manos del crimen
El cruce entre la negligencia estatal y la violencia sangrienta en las calles de Rosario volvió a quedar al desnudo de la forma más desgarradora. Los asesinatos de dos taxistas ejecutados con proyectiles salidos del propio abastecimiento de la Policía de Santa Fe no solo expusieron un cuadro de impunidad escandaloso, sino que reavivaron una advertencia que llevaba años encajonada.
Ante este escenario, el diputado provincial Miguel Rabbia renovó su fuerte reclamo para que la Cámara de Diputados apruebe definitivamente el proyecto de ley de su autoría —ya respaldado por el Senado— para implementar un sistema estricto de marcaje y trazabilidad de armas y municiones: “Las municiones que se pagan con los recursos de los santafesinos terminan en el cuerpo de los propios ciudadanos”, sentenció el legislador al denunciar cómo la infraestructura pública de seguridad alimenta de forma directa el circuito delictivo.
La iniciativa, redactada en 2022 y con media sanción desde 2023, busca cerrar de raíz la canilla por la que el mercado negro se nutre de las herramientas de la legalidad. El texto estipula que todo el armamento y las municiones adquiridas por la provincia deban llevar grabados el escudo de Santa Fe, la leyenda “Policía de Santa Fe” o “PSF”, el año de compra y el número de serie en la corredera u otros espacios clave. Con estas marcas indelebles, cada bala tendría una huella institucional ineludible, para Rabbia, la medida excede lo técnico y atañe al corazón de la gobernabilidad: “Es imperioso retomar el control de la policía y que la política se ponga al mando de la seguridad”, afirmó, cuestionando la falta de supervisión sobre las propias fuerzas.
Sin embargo, el punto de mayor tensión política escaló en la última sesión parlamentaria, donde Rabbia impulsó un duro pedido de informes sobre la custodia de pertrechos en los depósitos judiciales y policiales. Los datos oficiales del Departamento Judiciales de la fuerza provincial revelan un colador institucional alarmante: entre 2015 y 2021 se sustrajeron o sustrajeron a los efectivos 483 armas cortas y 30 armas largas. A esta sangría se le suma un expediente abierto para dilucidar el destino de 800 mil municiones calibre 9x19mm provistas al sistema policial entre abril de 2018 y junio de 2020, un arsenal colosal desvanecido sin explicaciones convincentes.
El dardo de Rabbia apuntó directamente a la responsabilidad del actual gobernador Maximiliano Pullaro durante su anterior gestión al frente del Ministerio de Seguridad. “En algún lugar están esas 800.000 municiones que se le perdieron a Pullaro en su gestión como ministro. Queremos saber dónde están y si son las balas que están siendo utilizadas para asesinar y amedrentar a la comunidad”, disparó el diputado. La exigencia expone una paradoja: mientras el discurso oficial promete mano dura, el propio Estado continúa sin responder cómo y por qué sus municiones terminan apretando el gatillo contra los vecinos.