Rige el plazo para que el juez defina el pedido de prisión para Tapia y Toviggino
El escenario judicial del fútbol argentino atraviesa un momento de máxima tensión con el inicio del plazo legal para para que la justicia resuelva la situación del presidente de la AFA, Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
La solicitud, presentada formalmente por el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, busca la detención inmediata de ambos dirigentes en el marco de una investigación que sacude los cimientos de la entidad de la calle Viamonte.
El juez Guillermo Díaz cuenta ahora con el tiempo reglamentario para evaluar si existen pruebas suficientes que respalden la privación de la libertad del presidente y del tesorero de la institución.
El sustento principal de este pedido reside en un exhaustivo dictamen de 181 carillas elaborado por el fiscal Simón. En dicho documento, el funcionario judicial detalla una compleja red de maniobras donde presuntamente se utilizaron empresas vinculadas a Toviggino para concretar negocios ilícitos con la Asociación del Fútbol Argentino.
La fiscalía sostiene que la entidad madre del fútbol nacional funcionó como el epicentro de acuerdos espurios que beneficiaron económicamente a sus máximos responsables en perjuicio de la transparencia institucional.
La acusación formal reviste una gravedad institucional sin precedentes, ya que señala a Tapia y Toviggino como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El escrito del fiscal describe una estructura organizada con el fin de desviar fondos y ocultar el origen de los mismos, afectando no solo el patrimonio de la asociación, sino también el orden económico general. La profundidad de la investigación sugiere un esquema de corrupción administrativa diseñado para perdurar en el tiempo bajo la protección del poder dirigencial.
Finalmente, el alcance de la pesquisa trasciende los límites de Santiago del Estero, pues involucra una extensa lista de bienes y activos localizados tanto dentro como fuera de la provincia.
Los investigadores rastrean flujos de dinero y propiedades que formarían parte del entramado delictivo bajo sospecha. Mientras la opinión pública aguarda la decisión final del juez, el fútbol argentino se enfrenta a la posibilidad real de una intervención judicial que podría cambiar definitivamente el mando de la organización rectora del deporte más popular del país.