Pueblos indígenas rechazan el diseño del Código Electoral por consolidar la marginalidad política
La reciente aprobación del nuevo Código Electoral encendió serias alarmas en el arco político y social, abriendo un debate de fondo sobre la calidad democrática del sistema recién sancionado. Lejos de consolidar un avance institucional, la reforma es señalada por diversos actores como un claro retroceso que consolida asimetrías y afecta de manera directa la pluralidad de la competencia electoral.
Durante el trámite legislativo, las observaciones planteadas por el legislador Pirola resultaron determinantes para poner en evidencia aspectos del texto que pretendían pasarse por alto, en especial el contenido del artículo 121. Asimismo, se ha advertido que mientras pasajes como el artículo 44 responden más a un efectismo sin mayor trasfondo de inconstitucionalidad, la falla verdaderamente gravosa del proyecto se encuentra oculta en la arquitectura técnica de la votación.
El núcleo más problemático de esta reforma radica en el diseño elegido para la Boleta Única en las elecciones generales. Lejos de garantizar la neutralidad pregonada, la disposición visual y estructural de la boleta condiciona severamente el desarrollo de los comicios. Este formato perjudica de forma directa a los espacios políticos de menores recursos y con menor visibilidad histórica, convirtiendo al instrumento electoral en un filtro que condena a la marginalidad a las fuerzas emergentes.
A esta trampa de diseño se suma una omisión histórica: la falta de garantías efectivas para la participación y representación política de los pueblos indígenas. Modificar las normas del sistema sin asegurar mecanismos de inclusión y pluralismo real no constituye una modernización, sino un blindaje del tablero político tradicional. La sanción del Código en la Legislatura no liquida el debate, sino que marca el inicio de una nueva etapa de contienda por la equidad democrática.