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La universidad pública es, por lejos, la institución más confiable del país

El índice de confianza de la población en las instituciones elaborado por Poliarquía muestra que la universidad pública es la que reúne la mayor calificación, con 71 puntos, entre mucha y bastante, con preminencia de la menos categórica de ambas.

Le siguen las fuerzas armadas, con 42 puntos, es decir, 29 menos, la Iglesia Católica, bastante más distanciada, con 23 puntos, y los medios de comunicación con 20.

Más distanciados, la Corte Suprema y el Congreso, con 11 ambos, las grandes empresas y los sindicatos con 7 y finalmente los partidos políticos con 6.

Por el voto negativo se destacan los sindicatos, que entre poca y ninguna confianza, juntan 92 puntos, y lo mismo las grandes empresas, mientras los partidos políticos, llegan a los 90, Corte y Congreso 87, medios de comunicación 77, la Iglesia 71, las Fuerzas Armadas 56 y finalmente la universidad es también la que menos desconfianza concita, ya que entre poca y ninguna reúnen 25 puntos.

El director de la consultora, Alejandro Catterberg, destacó en un tuit que “las Universidades Públicas son la institución que mayor confianza genera entre los argentinos”.

Y que “hay un ideal social en la educación pública, más allá del desprestigio de los dirigentes políticos que la defienden“.

Con el índice a la mano, llamó la atención al Gobierno, en el sentido de que “no es lo mismo para Javier Milei enfrentarse al Congreso, los sindicatos, los partidos políticos, la justicia  o los medios de comunicación que hacerlo contra las universidades y la educación”.

En un tuit titulado Causas Nobles, motivos oscuros, el mandatario ratificó que, “al margen de la discusión acerca de cuál es el modelo de educación superior deseable para un país en el que seis de cada diez chicos son pobres, en ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a aclarar que ella había estudiado Derecho en la UBA y Seguridad en la UTN y que el esfuerzo de millones de argentinos anónimos logró que miles como yo pudiéramos recibirnos en la Universidad Pública”.

Si bien la que elogió por sus logros académicos, cuestionó la fuerte presencia militante.

Motosierra de varias velocidades

Lo cierto es que el Gobierno metió motosierra a las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud. 

Aunque hubo un leve retoque: había asignados $1.385.290 millones para este año, lo mismo que en 2023, de modo que se aplicó la licuadora por inflación.

Entre la ampliación presupuestaria de $30.629 millones, el 2,21%, del 26 de marzo y el incremento del 70%, pero solo para gastos de funcionamiento, de ayer, el presupuesto vigente se mejoró 4,1%, al situarse en $1.440.397 millones.

En el comunicado coincidente con la repercusión que tuvieron las marchas tituló: “La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación”, el Gobierno anunció que al “70% actual se sumará al otro 70% ya consensuado con las autoridades del CIN, que oportunamente será cancelado, en la próxima cuota aproximadamente en un mes”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió hoy con que “el canal diálogo está abierto“, y que “las universidades públicas no se van a cerrar”, luego de las jornadas de movilizaciones que buscaron ponerle límites al “plan motosierra”.

“Somos los mayores defensores de la universidad pública. La vamos a defender como nadie”, enfatizó en la conferencia de prensa matutina.

Reiteró, de todos modos, la necesidad de avanzar con auditorias para transparentar las cuentas de las casas de estudio

“Parte de la defensa de la universidad pública tiene que estar dada por las auditorias, que son parte. Todos queremos lo mismo”, dijo.

Ideal social

Los resultados de encuesta de Poliarquía, que demuestra la existencia de “un ideal social en la educación pública“, según interpretó Catterberg, y que es fuente de movilidad social ascendente, principio en el que se sustenta la clase media, son complementados por el economista Daniel Schteingart, cuando desarrolla en un cuadro en el que el 68% de los estudiantes de universidades públicas tiene padres sin estudios terciarios, y que ese porcentaje supera el 85% en universidades del conurbano como la de José C. Paz, Jauretche y del Oeste.

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