Cuando el interior paga el superávit, el país se achica
Por Federico González
La planilla cierra en Buenos Aires y se descose en las provincias. Un diagnóstico federal y una propuesta para que el desarrollo vuelva a tener domicilio en el interior del país.
En Las Parejas, en Armstrong, en Marcos Juárez, en cualquiera de esos pueblos del corazón agroindustrial donde la Argentina aprendió a fabricar las máquinas que siembran y cosechan para el mundo, hay tornos que hoy trabajan una hora de cada tres. No es una metáfora. En febrero de este año, según el INDEC, la industria metalmecánica —sin contar la automotriz— utilizó apenas el 33,9% de su capacidad instalada, arrastrada por la menor producción de maquinaria agrícola. Dos de cada tres máquinas, quietas. Dos de cada tres turnos que no fueron.
Mientras tanto, a cuatrocientos kilómetros, en un despacho de la Plaza de Mayo, alguien celebra que la planilla cierra.
Ese contraste —el torno quieto y la planilla prolija— es, acaso, la escena más honesta de la Argentina de 2026. Y es también el punto de partida de estas líneas, escritas por alguien que aspira a gobernar el país entero y no solamente la porción que cabe en una pantalla.
El mapa equivocado
El filósofo y lingüista Alfred Korzybski acuñó en 1933 una fórmula que hoy circula por igual en seminarios de management y consultorios de psicología: el mapa no es el territorio. Quería decir algo simple y devastador. Toda representación de la realidad deja afuera más de lo que incluye, y el peligro empieza cuando confundimos el dibujo con la cosa dibujada.
El gobierno nacional tiene un mapa muy nítido. Entre enero y agosto, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PBI y uno financiero de 0,2%, según informó el propio Ministerio de Economía. Quien escribe estas líneas no desprecia ese dato: el orden fiscal es una condición del desarrollo, no su enemigo. Sin embargo, conviene mirar con qué tinta se dibujó ese mapa.
Una parte considerable se escribió con fondos que antes viajaban a las provincias. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Politikon Chaco sobre datos oficiales, las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias sumaron $738.201 millones entre enero y julio de 2026: una caída real del 62,8% respecto del año anterior y del 83,2% si la comparación se hace con 2023. Julio fue el peor julio desde 2005. Siete provincias perdieron más del 90% de esos fondos frente a 2023; en La Rioja, la caída rozó el 99%.
Y aquí aparece un efecto que la planilla no registra. Según un análisis difundido por el diario Río Negro, entre el primer trimestre de 2023 y el de 2026 las provincias recortaron su inversión un 74% real. La motosierra, digámoslo sin eufemismos, no se detiene en la General Paz: viaja, rebota y termina cayendo sobre la obra que no se hace en la ruta provincial, el hospital que no amplía su guardia, la escuela técnica que no renueva sus máquinas.
Paradoja final del capítulo: aun con este ajuste, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé que el superávit primario de 2026 cierre en 1,3% del PBI, por debajo del 1,4% acordado con el FMI. El mapa, para colmo, tampoco cierra del todo.
Lo que no se ve
En 1850, el economista francés Frédéric Bastiat escribió un ensayo que los liberales argentinos citan con devoción: Lo que se ve y lo que no se ve. Su tesis era que el mal economista sólo percibe el efecto inmediato de una medida, mientras que el bueno rastrea también las consecuencias invisibles, las que llegan después y lejos. Resulta irónico —y no poco revelador— que un gobierno que se proclama heredero de esa tradición haya olvidado precisamente su lección central.
Lo que se ve es el superávit. Lo que no se ve son las rutas. Según la Federación del Personal de Vialidad Nacional, entre el 65% y el 70% de la red vial nacional se encontraba a comienzos de este año en estado regular o malo; a mediados de año, la asociación de profesionales del organismo elevó esa estimación al 75%. Cada bache es un flete más caro, un camión que se rompe, un costo logístico que termina pagando el productor y —lo que ninguna planilla debería permitirse olvidar— una vida que se pone en riesgo. Es justo consignar que el Gobierno lanzó una Red Federal de Concesiones que a comienzos de 2026 inició obras sobre 741 kilómetros. Es justo también advertir que la red nacional se mide en decenas de miles de kilómetros, y que el capital privado va adonde hay tránsito suficiente para cobrar peaje, no necesariamente adonde hay un pueblo que necesita sacar su producción.
En una línea similar, lo que no se ve son las empresas que dejaron de existir. Según el Centro de Economía Política Argentina, sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el país pasó de 512.357 a 481.724 empleadores registrados: 30.633 menos, un 6% del total. En el mismo lapso se perdieron 411.613 puestos de trabajo formales, y la industria manufacturera fue el sector más golpeado, con 97.312 empleos menos.
La Secretaría de Trabajo ofreció una lectura alternativa que merece ser tomada en serio: la contracción, sostiene, no se explicaría tanto por una ola histórica de cierres como por una marcada debilidad en la apertura de nuevas empresas. Concedámoslo. Pero entonces el diagnóstico es todavía más inquietante. Un país donde las empresas mueren es un país enfermo; un país donde las empresas ya no nacen es un país que dejó de creer en su propio futuro.
El refrán popular lo resume mejor que cualquier informe técnico: ojos que no ven, corazón que no siente.
La cabeza de Goliat
En 1940, Ezequiel Martínez Estrada publicó La cabeza de Goliat, un ensayo que retrataba a Buenos Aires como una cabeza desmesurada apoyada sobre un cuerpo nacional débil y desnutrido. Ochenta y seis años después, la imagen conserva una vigencia incómoda. La macrocefalia argentina no es sólo demográfica o económica: es, sobre todo, perceptiva.
Los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman describieron en los años setenta la heurística de disponibilidad: tendemos a juzgar la importancia de un fenómeno según la facilidad con que nos viene a la mente. Lo cercano, lo visto, lo repetido en el noticiero parece grande; lo lejano parece pequeño o, directamente, no parece. Un gobierno que mira el país desde el centro padece esa distorsión de manera estructural. El tornero de Armstrong no aparece en el noticiero de la noche. Por lo tanto, para la conciencia del poder, no existe.
Acaso sea pertinente recordar, además, que el economista más admirado por el actual oficialismo dedicó uno de sus textos más célebres a este exacto problema. En El uso del conocimiento en la sociedad, de 1945, Friedrich Hayek nos invita a pensar que el conocimiento económico relevante no está concentrado en ningún escritorio central, sino disperso en miles de personas que conocen las circunstancias particulares de su tiempo y de su lugar. Hayek usaba ese argumento contra los planificadores. Hoy sirve, con idéntico filo, contra cualquier gobierno que decide el destino de una economía regional sin haber pisado nunca su territorio.
A modo de provocación operativa sentenciaré: el gobierno que más invoca a Hayek en nuestra historia gobierna al interior como el planificador central que Hayek detestaba. Desde un escritorio, con una planilla, y convencido de que lo que no figura en ella no existe.
Una de cal
Seamos justos, porque la justicia también es una forma de inteligencia política. Las transferencias discrecionales no nacieron con este gobierno ni fueron, durante décadas, un modelo de virtud republicana. Muchas veces funcionaron como moneda de lealtad: fondos que llegaban puntuales a la provincia amiga y se demoraban en la díscola. En el barrio lo diríamos sin eufemismos: el que parte y reparte se queda con la mejor parte. No hay nostalgia posible por ese sistema, y quien la ofrezca está vendiendo un pasado que nunca existió.
Tampoco cabe despreciar el orden macroeconómico. Max Weber distinguía en La política como vocación entre la ética de la convicción, que se conforma con tener buenas intenciones, y la ética de la responsabilidad, que se hace cargo de las consecuencias previsibles de cada decisión. Un desarrollista serio no puede prometer obra pública con emisión descontrolada, porque conoce el desenlace: la inflación es el impuesto más regresivo y, paradójicamente, el más federal de todos, el único que llega puntual a cada rincón del país.
Una de arena
Pero la ética de la responsabilidad corta para los dos lados. También exige hacerse cargo de las consecuencias del ajuste: de la ruta que se rompe, de la pyme que no abre, del joven que se va. Un equilibrio fiscal que se sostiene apagando los motores del interior no es responsabilidad. Es indiferencia con buenos modales. Y la indiferencia, a diferencia del error, duerme tranquila y cuesta poco.
Sin embargo, la crítica sola no alcanza. El interior ya escuchó demasiados diagnósticos de candidatos que llegaron en avión, sacaron la foto y se fueron. Lo que falta no es otro lamento: es un proyecto.
Domicilio federal
El Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI parte de una convicción que ya animaba a Arturo Frondizi y a Rogelio Frigerio: no hay justicia social duradera sin una estructura productiva que genere la riqueza a distribuir, y no hay estructura productiva nacional si la mitad del territorio funciona como sala de espera. La diferencia con el desarrollismo clásico es de época. Si en los años sesenta el desafío era el acero y el petróleo, hoy es el conocimiento, la tecnología y la capacidad de vender valor argentino al mundo desde cualquier punto del mapa.
Ese proyecto tiene una arquitectura concreta. La pensamos como una pirámide de base hexagonal: en la base, seis actores —ciencia, producción, educación, emprendedores, financiamiento y trabajo— que deben conectarse entre sí; en la cúspide, un Estado que no reemplaza a ninguno pero tampoco abandona a ninguno, porque su función es articularlos. Llevada al plano federal, esa arquitectura se traduce en decisiones precisas.
La primera es transformar la discrecionalidad en reglas. Los fondos que la Nación destina a las provincias para infraestructura, salud o educación deben distribuirse con criterios objetivos, públicos y previsibles, de modo que ningún gobernador tenga que elegir entre su dignidad y su presupuesto. La previsibilidad no es un gasto: es la condición para que un intendente pueda planificar más allá del mes que viene.
La segunda es tratar la infraestructura como capital y no como gasto. Las concesiones privadas son bienvenidas allí donde el tránsito las justifica; donde no, el Estado nacional debe sostener los corredores productivos que conectan a las economías regionales con los puertos y los mercados. Un camino por el que sale la cosecha o la producción de una fábrica no es un costo para el fisco: es la vía por la que mañana vuelve la recaudación.
La tercera es la Ley de Ecosistemas Emprendedores Territoriales, una de las cinco propuestas centrales de nuestro programa: polos de innovación anclados en las universidades nacionales, los institutos científicos y las escuelas técnicas del interior, con incentivos para que una empresa tecnológica pueda nacer en Río Cuarto, Tandil, Posadas o Comodoro Rivadavia sin tener que mudarse a Buenos Aires para crecer. Si el problema, como admite la propia Secretaría de Trabajo, es que las empresas no nacen, la respuesta no es esperar sentados: es construir los lugares donde nacen.
La cuarta, complementaria, es la Ley de Primer Empleo Formal, pensada para que el primer contrato de un joven no sea un pasaje de ida. El talento que forman las universidades del interior es una inversión que la sociedad entera ya pagó; dejarlo emigrar por falta de oportunidades es la forma más cara de desperdicio que conoce un país.
No hay en nada de esto magia ni épica de cartón. Hay dirección. Hay proyecto. Hay viabilidad.
La raíz
Juan Bautista Alberdi escribió en las Bases, en 1852, que gobernar es poblar. La frase se volvió tan célebre que dejamos de escucharla. Pero tenía, en su tiempo, una audacia que conviene recuperar: proponía pensar al país desde el territorio vacío y no desde la ciudad colmada.
Ciento setenta y cuatro años más tarde, la tarea es más modesta y, quién te dice, más difícil. Ya no se trata de poblar el desierto, sino de impedir que se vacíe lo que tanto costó poblar. Que el hijo del tornero de Armstrong pueda elegir quedarse. Que la ingeniera recibida en Tucumán no tenga que hacer las valijas para ejercer. Que el pueblo que hoy ve pasar camiones por una ruta rota vuelva a verlos pasar cargados.
Quizás ahí esté la verdadera frontera de la política argentina. No entre izquierda y derecha, ni entre Estado y mercado, sino entre quienes miran el país como una planilla y quienes lo miran como un territorio.
Una planilla puede cerrar perfectamente sobre un país que se apaga. Un territorio, en cambio, sólo cierra cuando nadie tiene que irse de él.