Discapacidad: desde FATRADIS destacaron el avance para que no se caiga la Ley de Emergencia y adelanta nuevas movilizaciones
La Federación Nacional de Transportistas Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad apoya el pedido de prórroga hasta el 31 de diciembre próximo. Advirtieron sobre la situación de más de 200.000 personas que continúan esperando acceder a una pensión por discapacidad.
La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS), organización federal e integrante del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó el avance producido este miércoles 26 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación en torno a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Su presidente, Pablo Bolego, explicó que la Federación viene trabajando de manera sostenida junto a otras organizaciones del campo de la discapacidad para que la prórroga de la emergencia sea incorporada a la agenda parlamentaria.
“Venimos manteniendo reuniones y haciendo gestiones para que este tema llegue al recinto. En nuestro caso, nos reunimos oportunamente con el diputado Juan Marino y le planteamos concretamente la necesidad de prorrogar la Ley de Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027”, señaló Bolego.
En ese marco, el diputado Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad y autor del proyecto de prórroga, impulsó durante la sesión un pedido de apartamiento del reglamento para habilitar su tratamiento inmediato.
Si bien la moción no reunió los votos necesarios, Bolego sostuvo que el resultado dejó una señal política importante.
“Lo ocurrido hoy demuestra que existe una base parlamentaria importante para seguir avanzando. El próximo objetivo es lograr un emplazamiento a las comisiones correspondientes para que el proyecto sea tratado y pueda finalmente llegar al recinto”, explicó el presidente de FATRADIS.
Desde su rol al frente de la Federación, Bolego remarcó que la discusión no debe limitarse exclusivamente a extender la vigencia de la emergencia.
“Nosotros vamos a trabajar y a movilizarnos por la prórroga, pero también tenemos que decir con claridad que la Ley de Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo integralmente. Se reglamentaron algunos aspectos, pero otros puntos centrales siguen pendientes”, afirmó.
Entre ellos mencionó la situación de más de 200.000 personas que continúan esperando acceder a una pensión por discapacidad, aun habiendo avanzado con la documentación y los trámites correspondientes.
Bolego también puso especial énfasis en la situación económica que atraviesan los prestadores y trabajadores del campo de la discapacidad.
“Venimos de años de un deterioro muy profundo. La recomposición necesaria para corregir el desfasaje acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 no reconoció adecuadamente la evolución real de los costos. Luego comenzaron las actualizaciones mensuales vinculadas al IPC, pero esas actualizaciones se aplican sobre una base que ya había quedado muy atrasada”, explicó.
Para el presidente de FATRADIS, ese punto permite entender por qué los incrementos actuales siguen siendo insuficientes.
“Si se actualiza por inflación un arancel que ya está retrasado, lo que se hace es mantener el atraso. Por eso sostenemos que todavía existe una deuda importante con todo el sistema de prestaciones”, señaló.
Otro de los aspectos cuestionados es el mecanismo dispuesto para acceder a las compensaciones previstas.
“Se generó un procedimiento cargado de burocracia: presentación de facturas, expedientes, subsanaciones y distintas instancias administrativas sin pautas suficientemente claras. En la práctica, esto termina demorando una compensación que muchos prestadores necesitan para poder seguir funcionando”, manifestó Bolego.
El dirigente también señaló como uno de los incumplimientos más importantes la ausencia de estudios de costos específicos para cada prestación, tal como establece la normativa.
“La ley es clara: los aranceles deben analizarse a partir de estudios de costos reales. Eso no ocurrió. No fuimos convocados a participar de ningún estudio integral ni conocemos que se haya realizado un análisis serio que determine cuánto cuesta efectivamente brindar cada prestación”, sostuvo.
Y agregó: “No estamos pidiendo aumentos arbitrarios. Estamos reclamando que se cumpla el mecanismo que la propia ley establece. Si queremos discutir seriamente los aranceles, primero tenemos que saber cuánto cuesta cada prestación”.
Bolego también advirtió sobre el escenario financiero que atraviesan las obras sociales y financiadores, especialmente por las demoras vinculadas a recursos del Fondo Solidario de Redistribución, que impactan directamente en los pagos correspondientes a prestaciones ya realizadas.
“Estamos en un contexto muy complejo. Hay prestadores que no cobran en tiempo y forma, obras sociales que tienen dificultades para afrontar los pagos y familias que necesitan que los servicios continúen. Cuando todo ese circuito se rompe, el que finalmente queda en riesgo es el derecho de la persona con discapacidad”, afirmó.
Finalmente, el presidente de FATRADIS anticipó que la Federación continuará articulando acciones con las organizaciones que integran el Foro Permanente y con el conjunto del campo de la discapacidad.
“Cuando este proyecto llegue al recinto vamos a convocar y a movilizarnos nuevamente. No solamente por la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027, sino también por el cumplimiento integral de la ley. Lo que está en juego es la continuidad de las prestaciones, el trabajo de miles de personas y, fundamentalmente, los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó Bolego.