A dos años de la muerte de Maradona, se espera que la Justicia confirme el juicio

A dos años de la muerte de Diego Armando Maradona, los ocho acusados de haber cometido un “homicidio con dolo eventual” continúan trabajando en distintas áreas de salud a la espera de que la Cámara de Apelaciones de San Isidro defina si la causa finalmente va a un juicio oral, donde podrían terminar condenados a una pena de entre 8 y 25 años, informaron fuentes judiciales.

Los ocho acusados de ocasionar la muerte de Maradona son el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luciano Luque (41); la psiquiatra Agustina Cosachov (37); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); los enfermeros Ricardo Omar Almirón (39) y Dahiana Gisela Madrid (38); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

Según lo que Télam pudo constatar consultando a sus defensas, todos ellos pese a estar procesados en la causa -aunque sin prisión preventiva pese a lo grave de la calificación-, continúan trabajando en la actualidad en sus respectivas actividades, incluso, algunos de ellos en hospitales públicos y privados.

Luque sigue como neurocirujano en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y en el porteño Hospital Alemán; Cosachov en su consultorio privado y en un hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el psicólogo Díaz en distintas ONG de tratamiento de adicciones y también con pacientes privados; Forlini sigue trabajando en el Swiss Medical Group; y Di Spagna como parte del cuerpo médico del plantel de futbolistas del club Huracán, por nombrar algunos ejemplos.

Hace ya seis meses que el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

Serán los camaristas Gustavo Adrián Herbel y Carlos Fabián Blanco -y si hay disidencia se sumará Ernesto García Maañón-, quienes definan el futuro de los ocho profesionales de la salud.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el último movimiento del expediente fue que el defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, solicitó ante la Cámara lo que técnicamente se denomina audiencia del artículo 447 del Código Procesal Penal bonaerense, y que se realiza para mejorar en forma oral los argumentos de su apelación, en la que pidió el sobreseimiento de la psicóloga y, en su defecto, un eventual cambio a una calificación más benigna para su clienta.

A este pedido se sumó también el defensor de la enfermera Madrid, el abogado Rodolfo Baqué, por lo que antes de tomar la decisión de si manda a todos a juicio o no y si será con la imputación que a cada uno de ellos le hizo la fiscalía, la Sala III de la Cámara de San Isidro deberá fijar una fecha para esta audiencia.

Allí se verán las caras las defensas y el equipo de tres fiscales que compuso especialmente para esta causa compleja el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus fiscales generales adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

Recién si la Cámara de San Isidro confirma todo lo actuado en la instrucción, la causa irá a sorteo para designar al Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que deba juzgar, no antes del segundo semestre 2023, según las estimaciones, a los acusados.

Cuando el 22 de junio pasado elevó la causa a juicio, el juez Díaz sostuvo que los ocho imputados no cumplieron “con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”, y que como “garantes” de la condición del exfutbolista, tuvieron la posibilidad de “revertir” su cuadro cardíaco y no lo hicieron.

En su fallo, Díaz también elevó a juicio a Luque por el delito de “uso de documento privado falso”, porque le imputan haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a Cosachov por “falsedad ideológica”, ya que se la acusa de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.

Los fiscales Ferrari, Iribarren y Capra y el juez Díaz coincidieron en que todos deberán enfrentar una imputación como presuntos coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”.

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.

Pese a ser un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados siempre estuvieron en libertad y así llegarán al juicio oral si se confirma para ellos.

La muerte y la investigación

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol y luego de haber sido sometido a una neurocirugía.

La autopsia estableció que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.

Los chats entre los imputados dejaron en claro que Maradona hacía días que estaba desmejorado, que no se alimentaba bien, que no se levantaba de la cama y que estaba edematizado y con taquicardia, signos de una falla cardíaca que ninguno de los profesionales tratantes tomó en serio para prevenir el desenlace.

Una de las claves de la acusación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona y concluyó que el excapitán de la selección argentina campeona en México 86 era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que “no estaba en pleno uso de sus facultades mentales” y que pudo haber tenido “más chances de sobrevida” si hubiera estado en una clínica.

La junta afirmó que “el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente”.

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