Apriete de empresas de apuestas online al Senado buscando frenar mayores restricciones
Las empresas de apuestas online presionan para que la regulación que discute el Senado se enfoque en los operadores ilegales y no imponga mayores restricciones a las firmas habilitadas.
La discusión enfrenta dos criterios regulatorios: endurecer las reglas para todo el mercado o concentrar la respuesta estatal sobre las plataformas sin autorización.
En ese marco, el sector busca que el Congreso priorice la persecución de la oferta ilegal y rechaza que nuevas obligaciones recaigan sobre empresas que operan con licencia.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo propone penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas no autorizados, y de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales con conocimiento de la ilegalidad.
La iniciativa oficial también prevé el bloqueo de dominios y restricciones a las operaciones financieras de plataformas sin habilitación.
A diferencia de la media sanción aprobada por Diputados en 2024, el texto del Gobierno se concentra en impedir el acceso de menores y en limitar la publicidad dirigida a ese público o asociada al éxito económico, laboral o social, pero no establece una prohibición general de anuncios ni de patrocinios deportivos.
La media sanción de Diputados, que vence este año, suma restricciones más amplias sobre publicidad, promoción y patrocinio, además de mecanismos de verificación de identidad, un régimen de autoexclusión y límites a los medios de pago utilizados para apostar.
Según El Cronista, en el oficialismo advierten sobre el peso de la informalidad en el mercado y la dificultad para hacer cumplir una regulación sobre actores sin licencia. En ese marco, mencionaron que el 85% de la actividad se canalizaría por vías informales, aunque esa cifra, su universo y su metodología requieren corroboración antes de ser tomada como dato consolidado.
La disputa también se replica en la provincia de Buenos Aires, donde Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, de Fuerza Patria, impulsan un proyecto con mayores exigencias para el sector.
La iniciativa incluye la eliminación de bonos de bienvenida y programas de fidelización, herramientas para bloquear sitios ilegales, un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas para políticas de salud mental y un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.