Pueblos Originarios exigen revisar la mirada sobre el 12 de octubre y reclaman el cumplimiento de la ordenanza de la Wiphala en Rosario
En el marco de los debates sobre el 12 de octubre, diversas organizaciones de Pueblos Originarios de Santa Fe sostienen la necesidad de transformar una fecha tradicionalmente asociada a la celebración de la conquista en una jornada de reflexión, memoria y reconocimiento efectivo de derechos. Las agrupaciones señalan que durante años se construyó una visión oficial que dejó en segundo plano a las comunidades que habitaban estos territorios con anterioridad a la llegada europea, perpetuando un relato incompleto sobre el pasado regional.
Como parte de las acciones llevadas a cabo en enero de 2026, representantes de las comunidades formalizaron esta postura ante el Consulado General de España en Rosario. Entre sus reclamos centrales, enfatizaron que el Monumento Nacional a la Bandera no debe ser utilizado para representar simbólicamente la conquista mediante la iluminación con los colores de la bandera española. A su vez, exigieron el cumplimiento efectivo de la Ordenanza Municipal 10.416, norma que establece la presencia e integración de la bandera Wiphala en la ciudad.
Desde las organizaciones aclararon que el objetivo de estas demandas no es borrar la historia, sino dejar de reproducir una narrativa sesgada. Subrayan que antes del proceso colonial ya existían en la región diversos pueblos con sus propias lenguas, culturas, autoridades, formas de organización y control territorial. Asimismo, remarcan que la construcción de una sociedad genuinamente democrática exige visibilizar también las consecuencias históricas de la conquista, el despojo y las políticas de sometimiento sufridas por las comunidades originarias.
El movimiento indígena sostiene que la ciudad de Rosario mantiene una deuda institucional vinculada al reconocimiento pleno de la presencia indígena en la vida pública. El conjunto de exigencias abarca la visibilización de la Wiphala en espacios públicos, la consolidación de la memoria histórica, la garantía plena de los derechos vigentes y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones institucionales que las afectan.
Finalmente, las agrupaciones concluyen que la memoria no se evoca a través de festejos o iluminaciones alusivas, sino mediante la construcción cotidiana de derechos y el respeto integral a las normativas existentes. Para los Pueblos Originarios, la historia no se modifica ni se oculta: se reconoce con el cumplimiento de las deudas del Estado y el ejercicio pleno de la ciudadanía.