Polémica en IAPOS: Rabbia pidió informes al Ejecutivo por la transferencia de $57.000 millones del Servicio Complementario
El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un Proyecto de Comunicación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para exigir al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Economía y del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), precisiones detalladas sobre la reciente modificación presupuestaria dispuesta mediante el Decreto N° 1878/2026. La medida autorizó la transferencia de $57.000.000.000 desde la Fuente de Financiamiento 216 “Servicio Complementario” hacia la Fuente 201 “Recursos Propios de Libre Disponibilidad”, un movimiento de fondos que encendió las alarmas dentro del arco político y sindical.
El eje central de la solicitud radica en los motivos y criterios económicos que fundamentaron la necesidad de alterar el Presupuesto 2026 (Ley N° 14.424) del organismo. Rabbia cuestionó de manera directa la decisión de afectar un patrimonio de afectación específica conformado por los aportes directos de los afiliados para financiar coberturas no obligatorias —como prótesis, ortopedia y elementos médicos no implantables—, en lugar de recurrir a otras fuentes de financiamiento estatales. La transferencia fue destinada a cubrir la ampliación del Inciso 1 “Personal” tras los incrementos salariales aplicados a la sanidad y al escalafón general, por lo que el legislador demandó saber si se evaluaron y descartaron alternativas presupuestarias previas.
Asimismo, el proyecto pone la lupa sobre las condiciones de reintegro de dicha suma millonaria. El artículo 3° del Decreto 1878/2026 supedita la devolución de los $57.000 millones únicamente a la existencia de disponibilidad financiera futura, sin establecer un plazo cierto, cronograma ni garantías de control que aseguren el retorno de los recursos a la caja originaria. En ese sentido, la Cámara solicitó información sobre el impacto operativo que esta detracción de fondos tendrá sobre las prestaciones médicas complementarias vigentes durante el período en que el dinero permanezca desafectado de su destino originario.
La iniciativa remarca una fuerte contradicción en la política económica de la obra social pública. Apenas en mayo de 2025, la propia institución aprobó la Disposición General N° 023/2025, aplicando subas de hasta un 30% en los aportes obligatorios de los afiliados y de un 150% para organismos adheridos bajo el argumento de “recomponer la cobertura” y garantizar la sustentabilidad del sistema. Ante esto, Rabbia requiere que se explique “cómo se concilia aquel argumento de ahogo financiero con la extracción posterior de un superávit de $57.000 millones”. En caso de persistir el carácter superavitario del fondo, la presentación consulta si se analiza suspender los aumentos extraordinarios o realizar reintegros a los propios trabajadores.
Por último, el pedido de informes abarca la situación prestacional integral de la obra social en medio de crecientes reclamos territoriales, se exige al Ejecutivo que detalle el estado actualizado de la deuda que mantiene el IAPOS con prestadores, profesionales y entidades gerenciadoras, especificando plazos de mora y cronogramas de regularización, junto con las fechas y mecanismos de actualización arancelaria. Todos estos puntos deberán ser respondidos en forma oficial por las autoridades provinciales dentro de los plazos perentorios estipulados por la Ley Provincial N° 11.312.