Juicio Político: nueva audiencia por la causal “coparticipación” con la presencia de Batakis
En calidad de testigo, la ex secretaria de Provincias Silvina Batakis expone esta tarde en la Cámara de Diputados en la segunda audiencia por la causal “coparticipación”, en el marco del juicio político por presunto mal desempeño contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Este encuentro de la comisión presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) será el último que se realice antes del receso invernal, y las audiencias se reanudarán el martes 1 de agosto.
El conflicto por la coparticipación se remonta a enero de 2016, cuando el ex presidente Mauricio Macri elevó la cuota de coparticipación para la Ciudad del 2.35% al 3.75% con la excusa de que debía financiarse el traspaso de la Policía al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
Al poco tiempo de asumir la presidencia, Alberto Fernández quitó ese 1,40% adicional de coparticipación para auxiliar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense, estableciendo por decreto un 2.32% para la Ciudad.
A raíz de este recorte, la Ciudad judicializó el conflicto, y luego de tres audiencias de mediación en las que la gestión porteña rechazó las ofertas de Nación, la Corte dictó una cautelar que elevó a 2.95% la coparticipación para la Ciudad, dejando pendiente la cuestión de fondo.
Al comienzo de su exposición, Batakis explicó cómo el Gobierno llegó a establecer en 2020 el 2.32% para la Ciudad en materia de coparticipación de impuestos.
“El 2.32% surge de hacer las equivalencias del costo de hacer las transferencias al Gobierno de la Ciudad respecto de ese 1.40% en la coparticipación nacional de impuestos”, arrancó la economista en una primera aproximación al tema.
“Recordemos que en 2016 cuando se transfiere la Policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia”, indicó, y al respecto señaló que las liquidaciones de todos esos gastos los hacía el Gobierno nacional, incluyendo los sueldos del personal de seguridad que “representaban el 91% de las erogaciones totales.
En ese sentido, destacó que “como ya estaba implementado el decreto que elevaba la coparticipación a ese 3.75%, lo que tenía que hacer el Gobierno de la Ciudad con el Gobierno nacional es devolverle esos recursos que habían sido pagados y liquidados por el Gobierno nacional”.
Batakis calculó que esa devolución de los recursos que que debía hacer el Gobierno de la Ciudad al Gobierno Nacional “para compensar lo que había transferido el Gobierno nacional ascendía a aproximadamente 8 mil millones de pesos”.
En tanto, indicó que “la Policía realiza otras tareas que son encargadas por distintas instituciones y recibe ingresos por esos servicios”.
“Hay un costo de oportunidad que tiene el Gobierno nacional por dejar de percibir esos ingresos porque ya no tiene esa policía a su cargo. Aproximadamente ese costo de oportunidad era de 1200 millones de pesos, con lo cual la base que nosotros tomamos del año 2016 fueron aproximadamente 6.000 millones de pesos”, resumió la actual presidente del Banco Nación.
La funcionaria nacional comentó que “esos 6.000 millones de pesos comparados con lo que recibía en pesos el Gobierno de la Ciudad por el 1.40% que tenía como atribuido desde el 2003″ equivalían a un 0,92%”.
“Entonces hasta haber aprobado por ley la transferencia de los servicios al Gobierno de la Ciudad, lo que hizo el Gobierno nacional es con un decreto que estableció que hasta que tuviésemos la ley iba a ser de 2.32%”, explicó.
Las conversaciones que se filtraron entre el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, reavivaron la polémica por la coparticipación porque del contenido de esos chats surgieron indicios de una presunta connivencia entre el máximo tribunal de Justicia y el Gobierno de la Ciudad para favorecer al distrito porteño en este pleito.
En la anterior reunión de comisión, la mayoría oficialista había aprobado una ampliación de prueba que consiste en tomarle una huella de voz a D’Alessandro para comprobar la veracidad de las charlas de D’Alessandro con Robles.
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que fue quien había solicitado la ampliación de prueba en la última reunión de comisión, señaló que la voz de D’Alessandro se podía cotejar con lo que pudiera extraerse de reportajes televisivos, y pidió que “la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje”.
Al comienzo de la reunión de este martes, el abogado oficialista y miembro clave de la comisión pidió la citación como testigo del funcionario de la AFIP contador Alejandro Otero, quien había elaborado un estudio sobre el reparto de recursos coparticipables.
Fuente: NA