Masiva movilización a Plaza San Martín por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Familias y organizaciones que nuclean a personas con discapacidad volvieron a concentrarse este miércoles en todo el país para renovar la tan demorada aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que establece una mejora en las asignaciones. En Rosario la concentración será en la Plaza San Martín (Santa Fe y Moreno).
Desde las 11 de la mañana los actores del sector se comenzaron a concentrarse para así renovar el pedido y que se declare a la discapacidad en emergencia asegurando los derechos de tener nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad.
El proyecto que exige su aprobación fue presentado por el diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (Unión por la Patria). El principal punto a tratar es el de las obras sociales, ya que no autorizan la cantidad de sesiones necesarias que requieren los distintos tratamientos y desde septiembre no se actualizan los honorarios de los profesionales.
Por esto, según denuncian desde el sector discapacidad, se redujeron las coberturas de muchas entidades y, además, hay demoras de entre tres y cuatro meses de pago a los profesionales.
Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales (Atraes) dijo que, “es gobierno (nacional) está empujando a las instituciones que están endeudadas a que cierren y por supuesto los trabajadores transportistas no tienen para hacer su trabajo diario”
«Todos luchamos por una misma causa, y es que se generen condiciones mínimas para que el sector pueda seguir subsistiendo. Entendemos que la Ley de Emergencia en Discapacidad viene a generar las condiciones mínimas para resguardar la situación del sector, y para que las personas con discapacidad que no tienen pensión las puedan tener, para que la Agencia Nacional de Discapacidad tenga financiamiento, para que las prestaciones tengan alguna actualización que las haga viables, para que los trabajadores de talleres protegidos puedan cobrar más de 28.000 pesos por mes, lo cual es tremendo», manifestó la referente de Apridis, Mariel Chapero.
Y destacó: “Hoy hay espacios que antes no participaban del apoyo de esta lucha, como universidades, colegios profesionales y sectores de la población que no tienen específicamente que ver con el campo de la discapacidad pero que hoy están. Hemos ido ampliando esta red y entendemos que el consenso que se va generando se va a seguir ampliando”.
“Hay una responsabilidad del Estado de resguardar a su población. Creo que también el Presidente debería pensar en que hay un 55% de las personas con discapacidad que probablemente lo votó y que hoy los está dejando en el abandono. Y no solamente está dejando en el abandono y vulnerando sus derechos, sino que además también está violentando discursivamente a las personas”, remarcó.
En Rosario, instituciones nucleadas en Apridis (Asociación Provincial para Personas con Discapacidad), Atres (Asociación de Transportes Especiales), profesionales del sector y familias se convocaron desde las 11 en plaza San Martín (Santa Fe y Moreno).