Ley de Cabotale Nacional: este jueves se trataría el proyecto de desregulación y Siconara advierte que habrá paro y movilización
En principio se puede señalar que el Gobierno nacional apoya un proyecto de ley para desregular el transporte de cabotaje, la Marina Mercante y la admisión temporaria en el país, con el objetivo de abaratar los costos logísticos y potenciar la Hidrovía Paraná-Paraguay. En concreto la norma se focaliza en la zona del Litoral del país que por su posición estratégica que comprende un polo millonario de riquezas y recursos argentinos
En tal marco, de aprobarse la iniciativa habilitará a buques extranjeros: permitiendo que embarcaciones de cualquier bandera operen en rutas de cabotaje nacional. “Se perderán miles de puestos de trabajo argentino”, es una de las advertencias del gremio de Conductores Navales (SICONARA)
Ahora bien, dicho proyecto avanza en el Congreso Nacional con un dictamen de mayoría y otro de minoría en el Senado. “El día que baje al recinto se convoca a un paro nacional y movilizamos al Congreso”, señaló Fernando Ramírez, Secretario General del SICONARA Rosario
Un proyecto con respaldo de los gobernadores del Litoral
El proyecto respaldado por el Gobierno nacional y los gobernadores del Norte Grande “busca reducir los costos logísticos mediante una mayor apertura a embarcaciones extranjeras”, indicaron desde el Siconara. Sin embargo, empresas navieras y organizaciones sindicales advertimos sobre sus consecuencias para la actividad nacional. En Santa Fe, el debate adquiere especial importancia por el peso del transporte fluvial en el complejo agroexportador”.
Ahora bien, el futuro de la Marina Mercante argentina volvió a instalarse en el centro del debate político y económico. Los proyectos que buscan modificar el régimen de cabotaje, que regula el transporte de mercaderías entre puertos argentinos cuenta con el respaldo de los gobernadores del Norte Grande, paralelamente, despertó cuestionamientos de sectores empresariales y sindicales que advierten sobre sus posibles consecuencias para la flota nacional.
La discusión adquirió una nueva dimensión el jueves 12 de noviembre pasado cuando se formalizó el avance legislativo del proyecto que propone crear un nuevo Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria. La iniciativa podría ser tratada en la sesión del próximo jueves 19 de noviembre, después de varias semanas de negociaciones entre los bloques parlamentarios. “Si se trata haba paro y movilización”, reiteró Ramírez
El principal argumento de quienes impulsan la reforma es la necesidad de reducir los costos logísticos y mejorar las posibilidades de transporte de las economías regionales. Para las provincias del Norte Grande, que deben recorrer grandes distancias para comercializar sus productos, la navegación fluvial representa una alternativa para disminuir la dependencia del transporte terrestre.
En ese sentido, durante el debate parlamentario, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, defendió “la necesidad de aprovechar las vías navegables para transportar una mayor cantidad de mercaderías y reducir el costo de los fletes”.
Sin embargo, el punto de mayor controversia “es la posibilidad de que embarcaciones extranjeras realicen actividades de cabotaje que actualmente están reservadas, como regla general, a buques de bandera argentina”, puntualizaron desde el SICONARA. “Estos son aquellos registrados en el país, que operan bajo la legislación nacional y generan oportunidades de empleo para trabajadores argentinos. La reforma permitiría una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte entre puertos nacionales, abriendo interrogantes sobre sus consecuencias para el empleo y las empresas del sector”, agregaron.
Proyecto de nuevo régimen de Cabotaje y su impacto en el Cordón Industrial y en Rosario
Cabe indicar que el proyecto, presentado el 20 de octubre por la senadora Carolina Moisés junto a legisladores de distintos espacios políticos, contempla una mayor apertura del transporte marítimo y fluvial. Como se señaló llegaría al recinto este jueves con dos dictámenes y una negociación abierta.
Ahora bien, para Rosario y su cordón industrial, donde se concentra gran parte de la actividad agroexportadora del país, los cambios de la iniciativa podrían tener consecuencias directas sobre los remolcadores de empuje, las barcazas y las empresas vinculadas al transporte fluvial.
En ese sentido, Fernando Ramírez, advirtió sobre el impacto que podría tener la iniciativa en la región: “Esta nueva reforma que impulsan los gobernadores apunta directamente a nuestra zona, al corazón de la actividad agroexportadora. Antes pretendían abrir prácticamente todo el cabotaje, pero ahora modificaron el proyecto y concentraron la apertura en determinadas actividades, principalmente el transporte de cereales, minerales y contenedores. Estamos hablando de cargas que hoy movilizan remolcadores de empuje y barcazas, con empresas y trabajadores argentinos, y que pretenden que pasen a ser transportadas por embarcaciones extranjeras, particularmente paraguayas”, sostuvo.
El dirigente también puso el foco en la importancia de la formación y la experiencia de los trabajadores argentinos, especialmente en una actividad donde la seguridad de la navegación y el conocimiento del río resultan fundamentales.
“En esta discusión también hay que poner en valor el trabajo de los argentinos. Tenemos trabajadores altamente capacitados, con años de formación y experiencia, que conocen el río Paraná y saben cómo actuar ante situaciones de riesgo. Este año vimos el choque de embarcaciones frente a Rosario y, más recientemente, el accidente de un remolcador contra el puente que une Chaco y Corrientes. En este último caso, trabajadores de otro remolcador participaron en la recuperación de las barcazas. Estos hechos nos muestran la importancia de contar con personal calificado, controles y condiciones de seguridad. No podemos discutir solamente cuánto cuesta transportar una carga sin tener en cuenta el valor del trabajo argentino y la responsabilidad que implica navegar nuestros ríos”, sostuvo Ramírez.
Para el dirigente, la discusión también involucra el papel que ocupa el transporte fluvial dentro de la economía nacional: “El problema no es solamente reducir los costos del transporte, sino también entender qué consecuencias puede tener esta decisión para la Argentina. Estamos hablando de una actividad estratégica, vinculada a nuestra producción, que genera empleo y movimiento económico en toda la región. Si el transporte de esas cargas pasa a manos de empresas extranjeras, no solamente se pone en riesgo el trabajo argentino, sino también nuestra capacidad de participar en una parte fundamental de la economía nacional”, advirtió.
Las empresas navieras también plantean objeciones
Los cuestionamientos a la reforma no provienen exclusivamente de los sindicatos. La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) también expresó preocupación por las consecuencias que podría tener la apertura del cabotaje sobre las empresas nacionales.
Durante el debate del 28 de octubre en el Senado, José Pablo Elverdin, vicepresidente de FENA, advirtió que las diferencias impositivas, laborales y económicas dificultan la competencia con las embarcaciones de países vecinos. En la misma línea, el presidente de la entidad, Gustavo D’Amico, planteó la necesidad de establecer condiciones más equilibradas para los operadores argentinos.
A estas posiciones se sumó Domingo Contessi, presidente de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, quien alertó sobre el posible impacto de la reforma en los astilleros y en la construcción de embarcaciones nacionales.
Dos proyectos para el futuro de la Marina Mercante
Frente al proyecto impulsado por la senadora Carolina Moisés, que propone una mayor apertura del transporte de cargas a embarcaciones extranjeras, el senador Jorge Capitanich presentó una alternativa denominada Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN).
La propuesta establece una apertura excepcional de 24 meses para determinadas actividades, acompañada de beneficios económicos y medidas destinadas a fortalecer la flota nacional y la incorporación de trabajadores argentinos. Esta alternativa recibió un mayor acompañamiento de sectores sindicales, que plantean la necesidad de mejorar la competitividad sin desplazar a las empresas nacionales.
Ramírez vinculó el proyecto impulsado por los gobernadores con otras medidas que afectaron a la actividad, como los intentos de reforma de la Ley Federal de Pesca, el Decreto 340/2025 y los cambios en la legislación laboral que excluyeron al personal embarcado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.
“Venimos atravesando distintos intentos de modificar las condiciones de nuestra actividad. Con el Decreto 340 logramos que la situación de la Marina Mercante se conociera en todo el país mediante paros nacionales y movilizaciones. Esa lucha permitió que el Congreso rechazara el decreto. Ahora volvemos a encontrarnos con una propuesta que pone en discusión el futuro del transporte fluvial argentino”, señaló el dirigente.
Santa Fe, una provincia en el centro de la discusión
El debate sobre el cabotaje tiene una importancia particular para Santa Fe, donde se concentra uno de los principales complejos agroexportadores del mundo. Rosario y su cordón industrial reúnen puertos, empresas navieras, trabajadores embarcados y numerosas actividades vinculadas al transporte fluvial que forman parte de la estructura económica y productiva de la provincia.
Entre ellas también se encuentra la extracción y el transporte de arena del río Paraná, una actividad que abastece a la construcción y que cuenta con numerosas embarcaciones y trabajadores vinculados a su explotación y comercialización. Como muestra de su importancia, en enero de 2026 el acondicionamiento del balneario La Florida de Rosario demandó el traslado de 50.000 metros cúbicos de arena mediante 50 embarcaciones. A su vez, la provincia avanza en la recuperación de la Terminal I de Villa Constitución, con una inversión privada prevista de 4,5 millones de dólares, destinada también a facilitar el movimiento de arena y áridos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.
El transporte de arena no aparece entre las actividades que el proyecto reserva expresamente a la bandera argentina. Esto genera interrogantes sobre las condiciones en las que podrían competir las embarcaciones nacionales frente a operadores extranjeros y sus posibles consecuencias para el empleo vinculado al sector. La extracción, por su parte, continúa sujeta a las autorizaciones y regulaciones correspondientes.
En este escenario, la apertura a embarcaciones extranjeras plantea una discusión que va más allá de la reducción de los costos logísticos. Si bien podría generar beneficios para el comercio y las economías regionales, también abre interrogantes sobre el futuro de las empresas nacionales, el empleo argentino y la distribución de los beneficios económicos de la actividad.
Para Santa Fe, “la discusión no es solamente cuánto cuesta transportar la producción, sino quién realiza ese transporte, qué trabajo genera y qué parte de la riqueza permanece en el país”, completó Ramírez.
