España: Sánchez anunció impuestos a ganancias extraordinarias de financieras y energéticas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó este martes una batería de medidas que incluyen dos nuevos impuestos temporales a las ganancias extraordinarias de empresas financieras y energéticas, destinados a mitigar el impacto en las finanzas públicas de la crisis económica mundial provocada por la guerra en Ucrania, en un primer día del debate del estado de la nación.
“Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas que se aprovechen de la crisis para amasar riquezas”, garantizó el mandatario, al detallar ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas que buscan proteger el poder de compra de los españoles socavado por la inflación.
“Sé que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Comprendo la angustia, la frustración y también el enfado de todos porque también es el mío”, dijo Sánchez, que subrayó la necesidad de “adoptar medidas de ahorro energético”, como usar menos la calefacción y aire acondicionado.
“Podemos hacerlo y lo vamos a hacer”, aseguró durante el gran examen al Gobierno, que no se celebraba desde hace siete años, se prolongará hasta el jueves y es el primero al que se enfrenta Sánchez como presidente del Ejecutivo.
En relación a los nuevos impuestos, detalló que el que afecta a los grupos dominantes del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023, y busca recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
La guerra nos obligará a impulsar la independencia energética, las renovables, el autoconsumo y el ahorro de energía. Habrá que promover acciones como fomentar el teletrabajo o el transporte público. Actos con los que defender nuestros valores y modo de vida cuando son atacados. pic.twitter.com/dumYt93uIg
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2022
También anunció un nuevo impuesto dirigido a “las grandes entidades financieras que ya empezaron a beneficiarse de la subida del tipo de interés”, informó la agencia de noticias Europa Press.
Esta tasa, explicó, tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones de euros cada año.
Este impuesto excepcional había sido adelantado en junio por Sánchez, aunque en ese momento no detalló ni monto ni duración de la medida fiscal.
Parlamentarios del opositor Partido Popular (PP) reaccionaron de inmediato contra los anuncios: “Papá Noel Sánchez anuncia miles de regalos. ¡¡Sujeten los bolsillos que eso lo vamos a pagar todos!!“, escribió en Twitter la presidenta del PP de Navarra y diputada por Madrid, Ana Beltrán, un mensaje reenviado por otros dirigentes partidarios.
Debate sobre el estado de la Nación:
— Ana Beltrán (@abeltran_ana) July 12, 2022
Papá Noel Sánchez anuncia miles de regalos.
¡¡Sujeten los bolsillos que eso lo vamos a pagar todos!! pic.twitter.com/QdDYNwCodF
Varios países europeos anunciaron en los últimos meses gravámenes excepcionales sobre los beneficios empresariales derivados de la inflación, en particular de los grupos energéticos, que registraron beneficios muy elevados el año pasado.
Reino Unido, por ejemplo, instauró un impuesto excepcional del 25% sobre los beneficios de los gigantes energéticos, para ayudar a los hogares más desfavorecidos.
Italia, por su parte, decidió gravar con un 25% adicional los beneficios de las grandes empresas del sector energético.
Madrid adoptó desde el año pasado numerosas medidas para intentar contener la inflación, que llegó en junio a 10,2% interanual, su nivel más alto en 37 años.
Entre ellas figuran ayudas al combustible, reducción del IVA a la electricidad o un alza de las pensiones.
“Desde que empezaron a subir los precios en septiembre del año pasado, España debió movilizar cerca de 30.000 millones de euros para apoyar a empresas y sus consumidores, es decir, un 2,3% del Producto Interior Bruto”, afirmó Sánchez.
En esta jornada, uno de los momentos en que el Ejecutivo hace un balance de la gestión y debate con la oposición, Sánchez reivindicó además la polémica Ley de Memoria Democrática, que establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que ha recibido fuertes críticas opositoras y también de algunos líderes socialistas, incluido el expresidente Felipe González, para la que pidió apoyo.
“Nos permite reconocer a todas las víctimas, condenar el golpe, la posterior dictadura y reivindicar nuestro mejor patrimonio: la Transición, la Ley de amnistía y la Constitución”, argumentó.
Además, insistió en su apuesta por lograr la “convivencia” con los independentistas en Cataluña.
Poco antes del encuentro que tendrá el viernes con el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, en Moncloa, aseguró que el Gobierno seguirá trabajando “con tesón y diálogo por el reencuentro entre catalanes” y por “reducir la brecha emocional que separa a aquellos catalanes que se quieren separar de España del resto de sus hermanos españoles”.
“No hay tarea más noble en política que trabajar por la convivencia”, agregó.
En otro tramo de su discurso, Sánchez criticó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto y dijo que eso da cuenta de “la amplitud y de la profundidad del movimiento reaccionario que recorre el mundo”.
“España no es inmune a esta amenaza, muchas de las conquistas en derechos y libertades, como la ley de eutanasia o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, están recurridas en el Tribunal Constitucional por quienes siempre han votado en contra de estos avances”, advirtió.
Por ello destacó que su respuesta será continuar con su “agenda de avances en derechos y libertades”.
“Vamos a defender la democracia y las conquistas civiles y sociales”, dijo.
En esa línea, dijo que espera conseguir la “abolición definitiva de la prostitución” en España.
El Congreso aprobó el pasado 7 de junio la toma en consideración de un proyecto de ley del Partido Socialista Español (PSOE) que propone abolir el aborto.
La formación socialista sacó adelante su propuesta con los votos a favor del PP y de Podemos, pero no consiguió convencer a los comunes ni a sus socios en el Congreso, que se mostraron en desacuerdo con la perspectiva “punitivista” de la ley.