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El libreto del desmarque: Cococcioni ensaya la teoría del “tira piedras” para blindar a la Policía y al Gobierno

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, salió al cruce de las autoridades de Newell’s Old Boys tras los violentos incidentes registrados en las instalaciones del club. En el marco de las jornadas del Ministerio Público en el complejo La Fluvial de Rosario —y en declaraciones brindadas al programa De Boca en boca (Radio 2)—, el funcionario desplegó una estudiada defensa del accionar de las fuerzas provinciales. Aunque ensayó un compromiso formal al prometer un “profundo análisis” sobre eventuales faltas individuales, el eje central de su discurso no buscó auditar el operativo, sino blindar la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro e instalar una narrativa que justifica el avance policial.

Para legitimar la irrupción de los efectivos en la institución deportiva, Cococcioni apeló a la conveniencia del enemigo abstracto: la teoría de los hinchas “tira piedras”. Según la óptica del ministro, el ingreso de los uniformados se dio como respuesta obligada ante agresiones que “no pueden ser toleradas bajo ningún punto de vista”. Lejos de abrir un canal de diálogo o asumir falencias en la prevención, el titular de la cartera de Seguridad optó por descalificar el reclamo institucional y social al calificar a las miradas críticas de “declaraciones poco ilustradas”, clausurando de forma patronal cualquier debate sobre la desproporción de la fuerza desplegada en un predio social.

El tono aleccionador del funcionario escaló al profundizar sobre las normas de convivencia en la vía pública, afirmando de forma categórica que “no se puede salir y tirar piedras a la gente” y agregando, en un tiro de elevación retórico, que “hay algunos países que a lo mejor lo admiten y hasta lo tienen institucionalizado; nosotros no”. Detrás de esa lección de civismo de ocasión, la argumentación de Cococcioni buscó relativizar la gravedad institucional del operativo mediante un tecnicismo legal: sostener que entrar a las dependencias de un club “no es asimilable al allanamiento de una morada privada” y que la Policía, ante la sospecha de un delito, tiene la facultad de emprender la persecución e invadir la propiedad.

Esta maniobra discursiva no representa un hecho aislado, sino la confirmación de un estilo de gestión, al prometer investigaciones para sancionar a los efectivos que hayan cometido “faltas o excesos”, el Ministerio de Seguridad atomiza el problema en supuestos errores individuales para salvaguardar la cadena de mandos y la conducción política. El funcionario prefiere cubrirle las espaldas al Poder Ejecutivo antes que admitir la falta de protocolos adecuados para intervenir en clubes deportivos sin poner en riesgo a terceros.

En definitiva, las palabras de Cococcioni en Rosario no aportaron transparencia ni autocrítica, sino la reafirmación del manual de la irresponsabilidad estatal. Ante el repudio por la irrupción policial en Newell’s, el Gobierno de Santa Fe prefirió desmarcarse señalando con el dedo a la masa societaria, ampararse en facultades de persecución y tildar de ignorante a cualquier voz que cuestione el operativo. Una vez más, según la lógica oficial, la conducción política no se equivoca, las fuerzas actúan bajo el deber y la culpa de la violencia siempre la tiene el ciudadano.

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