Por el caso Loan, Corrientes vive una explosión de inseguridad que pone en jaque la continuidad de los Valdés al frente de la provincia
El gobernador Gustavo Valdés tiene que resolver una verdadera epidemia de inseguridad en su provincia producto de la mala implementación del Código Procesal Penal que su gestión inauguró en 2022 y que sólo trajo mayores problemas en la sociedad correntina por la falta de recursos para poner en funcionamiento una de las reformas más ambiciosas en la teoría penal pero impracticable en la gestión diaria.
El caso Loan demostró la incapacidad de la justicia correntina para dar certeza sobre el paradero de un chico desaparecido que está buscando todo el país. Todo argentino de bien está pensando en Loan y, lamentablemente, los pensamientos son todos de la peor especie acerca del destino del niño de cinco años teniendo en cuenta que en Corrientes pasan muchas cosas raras.
Veamos, si Loan fue víctima de una organización regional de trata de personas, según la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, el delito se produce por “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación”, en Corrientes hay un promedio de 2,5 denuncias por cada 100.000 habitantes que se producen a la línea telefónica 145.
A propósito, esta línea, 145, funciona en el Ministerio Público Fiscal, y en conjunto con el Ministerio de Justicia de la Nación que advirtió que en los últimos 5 años, entre enero de 2020 y mayo de 2024, la línea recibió más de 7.500 denuncias por trata de personas en toda la Argentina.
Sin embargo, en Corrientes hay clara conciencia entre los funcionarios judiciales federales que la gente no se anima a denunciar todos los casos ni hay tanta información acerca de donde hacerlo como sucede en contraposición con la CABA. Por lo que se estima que el número de denuncias que debiera ser denunciado en la provincia gobernada por el radical Gustavo Valdés, tendría que ser mayor.
Ahora bien, el caso Loan ya genera indignación e ira entre los correntinos, como se registró en las recientes movilizaciones donde el pueblo dolorido busca saber qué pasó con el nene, y se potencia con la pandemia de inseguridad que vive Corrientes por la mala implementación del Código Procesal Penal en toda la provincia.
El periodista televisivo, Gustavo Gamboa, denunció hace exactamente un año que la población observa impávida como la policía detiene peligrosos delincuentes que luego debe liberar por la incapacidad de los funcionarios judiciales para retenerlos tras las rejas.
Desde que se puso en marcha el nuevo Código Procesal hay cada vez más casos de ladrones que entran por delitos y a las pocas horas salen y vuelven a robar.
Las redes sociales de los correntinos abundan en el relato de casos y ponen de manifiesto que las calles de la ciudad capital de la provincia son de los delincuentes.
Allí se registra el hastío por no poder caminar tranquilamente por sus barrios, y el fastidio que genera saber que los delincuentes que concretan esos delitos solo estarán algunas horas detenidos para ganar las calles y seguir delinquiendo.
Para Gamboa, “…el gran responsable de que los delincuentes estén libres lo tiene ese Código Procesal Penal que los renombrados juristas propusieron y los sesudos legisladores correntinos dieron el visto bueno. En ese texto hay incongruencias increíbles con la realidad. Se da de bruces con lo que pasa en la ciudad de Corrientes. En el papel puede brillar, en la práctica es una incoherencia. Por ejemplo, toda la decisión de iniciar el papeleo judicial y solicitar la detención de un delincuente recae en los fiscales. Excelente en la lectura. En los hechos es impracticable”.
Y, explicó en su columna para el diario Época, “En la Primera Circunscripción judicial hay solo siete fiscales de investigación y hay 80.000 denuncias por año. Es decir, si se lo divide proporcionalmente, cada fiscal debería investigar unos 11.400 casos por año. Esto equivale a 950 expedientes judiciales por mes, unos 31 por día. Impracticable. Los fiscales no deberían tener vacaciones ni descanso semanal ni feriados, ni siquiera un rato libre para dormir. Y así y todo no les alcanzaría.
Además, explicó, “Un comisario, cansado de no poder hacer algo para bajar el índice de robos en la jurisdicción en la que le toca actuar, le comentó a este periodista que un fiscal, abrumado por la cantidad de casos que debe resolver, le dijo que “no lo moleste a menos que haya sangre”; es decir, si hay muertos o heridos. Arrebatos, robos a casas en las que no están los dueños, asaltos sin víctimas lastimadas no tienen importancia. La denuncia terminará en el polvoriento cajón de un destartalado escritorio de alguna comisaría”.
Esto sucede desde mediados de 2021 pero el gobernador Gustavo Valdés tomó nota tres años después sobre el final de su mandato y decidió enviar un proyecto de ley para endurecer el proceso penal contra delincuentes que incurran en reiterancia como factor agravante para que los fiscales puedan pedir al juez de Garantías, la detención de quienes incurran en “la repetición de conductas delictivas”.
No es sólo el caso Loan, de dimensión nacional, el que le explotó en la cara al gobernador Valdés y a la justicia de Corrientes, la pandemia de inseguridad ciudadana, nunca resuelta durante sus dos mandatos en la gobernación, puede ser el Talón de Aquiles de un proyecto de perpetuación en el poder de Gustavo Valdés, que intentará realizar a través de su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de la localidad de Ituzaingó, aspirante a reemplazarlo en el sillón de Ferré.
A pesar de los buenos vínculos de los Valdés con la Casa Rosada, una hermana del mundo político, muy poderosa, Karina Milei, decidió anotar a La Libertad Avanza en Corrientes para participar con candidatos propios y discutir la sucesión de Valdés.
Las recientes movilizaciones por Loan, donde se muestra el hartazgo de los correntinos con su gobernador, sugiere que Karina Milei prefiere curarse en salud.
Fuente: NA