Los trabajadores judiciales de Santa Fe retoman el reclamo sobre las vacantes
Los trabajadores judiciales de Santa Fe vuelven a la carga con el reclamo para completar las vacantes dentro del Poder Judicial santafesino.
Según denuncian el gremio que el Rosario encabeza su Secretario Ejecutivo, Jorge Perlo, a un año y medio del nuevo gobierno provincial, “hay casi cien cargos de magistrados y magistradas sin cubrir”.
En la circunscripción de Rosario son 35 los cargos vacantes. “Esto es un problema que está llegando casi al 30% de la magistratura y esto sobreexige a otros juzgados, donde funcionarios y empleados tienen que redoblar tareas para tener los despachos al día”, explicó Juan Pablo Langella, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe
Además, desde el gremio también rechazaron la posibilidad de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sea un órgano “extrapoder” con la nueva Constitución, como empiezan a deslizar algunos funcionarios: “Pone en peligro la carrera judicial”, dijeron
En ese marco, el Sindicato de Trabajadores Judiciales publicó un comunicado que vuelve a poner en agenda uno de los reclamos que surgen desde adentro del Poder Judicial: la falta de nombramientos del Ejecutivo, para cubrir las vacantes vigentes.
Según denuncian, hay 98 vacantes de magistrados en toda la provincia, a lo que se suman 24 de defensores titulares y adjuntos, así como también 38 de fiscales. “A un año y siete meses de gestión, el Poder Ejecutivo no da razones para la falta de cobertura de todos los cargos que hacen al servicio de Justicia. Solo se entiende como una clara hostilidad”, señala el escrito.
La mayoría de las vacantes de magistrados se encuentran en Santa Fe y Rosario. En la primera circunscripción hay 37 cargos vacantes, mientras que en la segunda son 35. En la mayoría de los casos, los cargos a ocupar están vacantes desde el 2020, pero algunos se remontan incluso desde más atrás. El resto de los cargos de magistrados a cubrir se completan: 4 en la tercera circunscripción, 7 para la cuarta circunscripción, y 15 para la quinta circunscripción.
“Esto es un problema que está llegando casi al 30% de la magistratura y esto sobreexige a otros juzgados, donde funcionarios y empleados tienen que redoblar tareas para tener los despachos al día. A eso sumale las vacantes de fiscales, de defensores, y los expedientes para la designación de funcionarios, que esperan la firma del gobernador”, explicó Langella
“Hay una demora y lo que se dice no se cumple. Desde el gobierno dicen que están acompañando al Poder Judicial, pero en realidad lo están dejando raquítico, porque no le nombran personal, ni funcionarios, y eso pone en peligro el servicio de Justicia”, añadió.
El dirigente gremial remarcó que los trabajadores del sector se ven obligados a realizar un mayor número de tareas, para poder cumplir con las exigencias del sistema. La situación genera múltiples problemas dentro del Poder Judicial, pero desde el gremio entienden que no hay voluntad para solucionarlo.
“El gobierno dicen que van a mandar los pliegos, pero no los mandan. Se hacen los concursos y no se los mandan. No hay nada”, expresó y agregó: “Es toda una situación precaria y provisoria, pero estamos hablando de un poder del Estado. Y esa es nuestra preocupación como sindicato”.
Desde el gremio aseguran que vienen pidiendo audiencias con los funcionarios del área de Justicia y Seguridad que comanda Pablo Cococcioni, pero al momento no tienen respuestas. “Queremos hablar con ellos porque tenemos propuestas y soluciones para aportar”, aseguró Langella. “Creemos que un año y siete meses es tiempo suficiente para realizar los nombramientos. En ningún momento cuestionamos la potestad constitucional que tiene el gobernador de elegir la persona que va a cubrir un juzgado. Pero cuando estamos llegando a un 30% de los cargos vacantes, tenemos que hablar de hostilidad. Habría que preguntarse por qué se demora tanto”, apuntó.
Por último, el dirigente evitó pronunciarse sobre posibles medidas de fuerza que endurezcan el reclamo, pero volvió a dejar en claro que la situación no se puede seguir dilatando. “No queremos llegar a lo que pasó el año pasado. No nos interesa el conflicto, queremos trabajar.
Pero la única manera de convivir es dando alguna señal. El gobernador, en uso de sus atribuciones, tiene que proponer a la Legislatura la designación de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios para que el Poder Judicial cumpla con su función”.
ÓRGANOS EXTRAPODER
Los judiciales también se refirieron a otra discusión que se avecina para el sector: la posibilidad de que los ministerios públicos que forman parte del Poder Judicial, pasen a ser un órgano “extrapoder”.
En esa sintonía se pronunció María Cecilia Vranicich, fiscal general del MPA, durante la presentación de su segundo informe de gestión, a finales de mayo. “No podemos depender ni formar parte del Poder Judicial”, planteó dejando un mensaje a los convencionales que reformarán la Constitución: “Debe consignarse que es un órgano extrapoder”.
Las declaraciones no cayeron bien en el gremio, que rechaza la idea. “Los ministerios públicos dentro del Poder Judicial son garantía de imparcialidad, autonomía y autarquía. Escindirse es pasar a depender de la política de turno”, expresaron en otro comunicado
“La propuesta de extrapoder pone en peligro la carrera judicial y el salario de fiscales, defensores, funcionarios y empleados”, agregaron.
También adelantaron que acercarán esa postura a los convencionales constituyentes de la provincia.