Llaryora prevé bajar Inmobiliario e Ingresos Brutos en el Presupuesto 2027
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, prevé profundizar en 2027 la reducción de impuestos provinciales con bajas en el Inmobiliario Urbano, Ingresos Brutos y Automotor, según el proyecto de Presupuesto.
La iniciativa establece una disminución del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades de la provincia, mientras que el 3% restante tendrá una rebaja del 5%.
El texto también mantiene exenciones y beneficios sociales para sectores vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas de acceso a la vivienda social.
En Ingresos Brutos, la alícuota general pasará del 4,75% al 3,50%, con una reducción de 1,25 puntos porcentuales.
Además, el régimen de alícuota reducida incorporará a 40.000 nuevos contribuyentes y alcanzará a 110.000 pequeños y medianos contribuyentes, equivalentes al 58% del total del tributo en la provincia.
El Gobierno cordobés estimó que la continuidad de los beneficios vigentes y las nuevas reducciones previstas permitirán que $1,5 billones permanezcan en manos de familias y sectores productivos.
El Presupuesto 2027 también incluirá una reducción del 50% del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte público de pasajeros, personas con discapacidad, pacientes crónicos, taxis y unidades que prestan servicios mediante plataformas online, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa.
La Provincia impulsará además una Ley de Promoción del Comercio, orientada a extender a esa actividad los beneficios del mecanismo de Impuestos por Inversión para incentivar nuevos proyectos y generar empleo privado.
En paralelo, continuará la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para actividades agropecuarias e industriales comprendidas en el beneficio, junto con los incentivos de promoción industrial y otras actividades estratégicas.
El Gobierno provincial indicó que la reducción tributaria estará acompañada por una política de contención del gasto público para preservar el equilibrio fiscal y concentrar recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales.
La administración de Llaryora también prevé garantizar fondos para finalizar obras públicas en ejecución, restringir el inicio de nuevos proyectos y reducir un 40% la inversión en publicidad oficial.
Según el diagnóstico oficial, Córdoba registró el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales, la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo y una caída de la recaudación provincial durante más de diez meses consecutivos.
