Se cumplen 50 años del último golpe a la democracia argentina
Este martes 24 de marzo se cumple el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina iniciado por las tres fuerzas armadas, comandadas por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), luego de derrocar a la entonces vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón.
El llamado Proceso de Reorganización Nacional dio inicio a lo que luego, en el Juicio a las Juntas Militares, fue denominado terrorismo de Estado, donde se instauró un régimen basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas con el funcionamiento de centros clandestinos de detención como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los lugares más relevantes en este período.
La represión generalizada afectó tanto a militantes políticos como sindicales y sociales, con el objetivo de disciplinar a la sociedad y reestructurar la economía. Se disolvió el Congreso y se eliminó la libertad de expresión.
Los meses previos al 24 de marzo de 1976 estuvieron marcados por un endeble orden constitucional, una crisis económica sin precedentes y una escalada de violencia política significativa en todo el territorio. Por ese motivo, el golpe de Estado llevado a cabo por Videla, Massera y Agosti fue el final anunciado de la democracia, de acuerdo con el debilitamiento que mostraba públicamente Martínez de Perón quien, luego del fallecimiento de su esposo, enfrentó fracturas internas en el peronismo y una marcada pérdida de vautoridad.
Las organizaciones paraestatales como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), planificaban y concretaban asesinatos y secuestros de militantes políticos y sindicales, mientras que grupos guerrilleros como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros mantenían enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad.
Contexto previo
En febrero de 1975 se inició el Operativo Independencia en Tucumán, hecho que marcó el comienzo de la intervención directa de las Fuerzas Armadas bajo el decreto de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos“, lo que justificaba cualquier acto represivo y sangriento.
Meses después, en junio de 1975, el por entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo, instauró un plan de ajuste que incluyó una devaluación superior al 100%, acompañado de aumentos extremos en tarifas de servicios y combustibles. Esa situación impactó directamente en la inflación, que se disparó al 182% anual, al mismo tiempo en que los salarios reales se desplomaban.
El “Rodrigazo”, como se conoció popularmente, impulsó a que la CGT iniciara el primer paro general contra un gobierno peronista.
El escenario era uno de los peores vistos en la historia argentina: el país enfrentaba un déficit fiscal impensado, una caída de reservas exhorbitante y un creciente descontento social que alimentó el clima de inestabilidad previo al golpe.
La complicidad de los sectores perteneciente a la Sociedad Rural, grupos empresariales, financieros y medios de prensa solicitaron y apoyaron la intervención militar para “restablecer el orden”. Debido a ello, las tres fuerzas armadas coordinaron sus acciones, desde mediados de ese año, para tomar el control total del país de manera uniforme (a diferencia de los cinco golpes anteriores).