Causa Vialidad: una condena de relevancia institucional que marcó el año judicial
La relevancia institucional de la condena a seis años de prisión impuesta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad marcó el año judicial y anticipa el inicio de un largo camino de apelaciones cruzadas, antes de considerar firme ese veredicto, un proceso que se iniciará en 2023 sin fecha de culminación previsible.
La decisión del Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio de tres años y medio no se hará efectiva en ninguno de sus términos, entre ellos el de la inhabilitación para ejercer cargos públicos o el decomiso multimillonario dispuesto por los jueces.
Pero, pese a ello, la sentencia que se conoció el 6 de diciembre y que dio por probado el delito de administración fraudulenta pero terminó en una absolución por mayoría por el de asociación ilícita, marcó la agenda política del 2022.
Su primer efecto fue el anuncio de la Vicepresidenta vinculado a su decisión de no presentarse a ningún cargo electivo en 2023, con lo cual el 10 de diciembre del próximo año dejaría de tener fueros.
Sin embargo, para ese entonces, la condena a seis años de prisión que le impuso el Tribunal seguirá en debate en las etapas de apelación, cuya última instancia será la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El juicio oral donde por primera vez se sentó al banquillo a la expresidenta acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80% de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre 2003 y 2105, llegó a su fin, pero ninguna de las partes quedó satisfecha.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces Presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”:
Tanto la defensa de la Vicepresidenta como la de otros condenados tienen la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.
En ese aspecto, su defensa denunció violación de garantías constitucionales, persecución y “lawfare” por parte de la Justicia argentina.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola anticiparon que apelarán la decisión porque dejó de lado el delito de “asociación ilícita” con el que fundamentaron los mayores pedidos de condena, entre ellos el de 12 años de prisión a la Vicepresidenta y también tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
El día del veredicto y en un anticipo de fundamentos dado a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces argumentaron que se probó “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
En cuanto a la Vicepresidenta, opinaron que tuvo “un interés manifiesto sobre el plan criminal” plasmado en la tramitación de 51 licitaciones de obra pública vial en rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz.
Días antes, al hacer uso de sus “últimas palabras” ante el tribunal, Fernández de Kirchner reiteró lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría “ya está escrita” por el “partido judicial”. Señaló además: “Cuando hablé de ‘lawfare’ fui muy generosa, si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.
El juicio en la causa 2833 comenzó el 21 de mayo de 2019 de manera presencial, estuvo suspendido seis meses por la pandemia de Covid-19 entre marzo y agosto de 2020 -cuando se reanudó de manera virtual- y entró en 2022 su etapa de alegatos, últimas palabras y veredicto.
Nunca más recuperó la presencialidad y la sentencia, de hecho, se leyó con los jueces en una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y los acusados a la distancia, conectados a través de la plataforma Zoom, de la misma manera en la que dijeron sus palabras finales.
El devenir del juicio en 2022 estuvo marcado por los alegatos finales de la fiscalía y las defensas de los 13 imputados, que incluyeron denuncias por supuesto “prevaricato” para los impulsores de la acusación y pedidos de extracción de testimonios rechazados por el Tribunal en su veredicto.
Una vez que el 9 de marzo se conozcan los fundamentos completos, las partes tendrán diez días hábiles para apelar lo resuelto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Las defensas insistirán ante la Cámara Federal de Casación, el segundo tribunal por importancia del país debajo de la Corte Suprema, con la inexistencia de delito y reclamos de absoluciones.
Estas instancias comenzarán a transitarse cuando se conozcan los fundamentos del TOF2 y corran plazos para presentar apelaciones, eventuales recusaciones a jueces de tribunales superiores, realización de audiencias, todo de manera previa a una decisión de la sala IV de la Cámara Federal de Casación, con plazos que no pueden estimarse.
Recién entonces, entrará en escena la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.
El 6 de diciembre pasado, a menos de un mes del inicio de la próxima feria judicial de enero, el Tribunal dio a conocer su veredicto.
Los jueces condenaron a la Vicepresidenta a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Lázaro Báez, dueño de la empresa “Austral Construcciones”, recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
También quedaron condenados a seis años de cárcel el ex titular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López.
Ex funcionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.
El Tribunal dispuso el decomiso actualizado si la sentencia queda firme de 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto de los “efectos del delito”.
Fuente: Télam