Tras la condena por el crimen de Trasante piden a la provincia información sobre vinculaciones del “peruano” con empresario cerealero y bandas narco policiales

El viernes 10 de febrero pasado condenaron en el  Centro de Justicia Penal de a prisión perpetua Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon, señalado como quien encargó comprar el auto robado que iban a utilizar los sicarios que matarían al pastor y ex concejal de Ciudad Futura, Eduardo Trasante, el 14 de julio de 2020.

Recordemos que el “Peruano”, está preso en la cárcel federal de Marcos Paz desde 2019 y en el año 2023 condenado a  21 años  de prisión luego de ser juzgado tras el operativo “Cuevas blancas” de 2021, que develó el funcionamiento de la organización narco que lidera en Rosario.

Ahora bien, el diputado provincial Carlos del Frade – que sigue estos casos como legislador y periodista – desde hace bastante tiempo ingresó recientemente un proyecto en la Cámara de Diputados provincial donde le pide al gobierno de Maximiliano Pullaro que informe – mediante data que posean desde distintas agencias del estado provincial – desde cuándo Granthon, comenzó sus relaciones con el empresario Gustavo Sahanahan, en su momento gerente de Terminal Puerto Rosario y cuáles son sus vínculos con bandas narcopoliciales como “Los Monos” y la de Esteban Lindor Alvarado.

Por lo pronto, el diputado del Frente Social y Popular recordó  en su pedido que, Rodríguez Granthon junto al empresario Gustavo Shanahan, , fueron nombrados en los fundamentos del 5 de febrero pasado que respaldaron la sentencia emitida el 27 de diciembre de 2023, emitidos por los jueces federales Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero, de la ciudad de Rosario, por las que se los condenó por formar parte de una organización narcocriminal.

En esos fundamentos se lee que quedó comprobada “la existencia de una estructura narcocriminal, cuyo eje era el comercio ilícito de sustancias estupefacientes en la ciudad de Rosario, y que operó, de manera organizada, cuanto menos desde fines del mes de abril hasta mediados del mes de octubre del año 2021, cuando fue desarticulada a raíz de los allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina los días 14 y 15 de octubre de ese año”, apuntó Del Frade para argumentar su pedido al estado provincial

También agregó que, “esta estructura narcocriminal estaba bajo la órbita organizacional de Julio Andrés Rodríguez Granthon. La integraban o tomaron parte de la misma, Facundo Ariel Pérez, Bruno Iván Ayala, Alfonso Sebastián Sciortino, Alexis Ezequiel Manzo, Richard Galeano Vázquez, Gustavo Báez Aguilar, Ariana Gómez, Marcos Julián Díaz, Gustavo Pedro Shanahan, Juan Román González y Lucía Alonso, de acuerdo a lo que emerge de la investigación y de lo que se ha constatado en el transcurso del debate”.

Siguiendo con los fundamentos emitidos por los jueces que condenaron a Granthon y Shanahan también se lee que dicha, “estructura narcocriminal estaba dividida en dos subestructuras bien definidas. La principal, dedicada al comercio ilícito de estupefacientes, con ámbito territorial de acción en la ciudad de Rosario, primordialmente en el barrio “Villa Banana”.

Y la “restante subestructura, estaba abocada a la actividad “cambiaria” espuria. Concretamente, al intercambio oneroso de los billetes de denominación nacional producto de las ganancias obtenidas de la venta de estupefacientes, por dólares estadounidenses; con el claro objeto de posibilitar y garantizar el desarrollo y funcionamiento de la “empresa” criminal en trato. Es que esa moneda extranjera era necesaria para la adquisición del material estupefaciente para su posterior introducción en la cadena de tráfico mediante la modalidad de comercio. Esta subestructura “cambiaria” espuria giraba en torno a dos protagonistas, Gustavo Pedro Shanahan y Marcos Julián Díaz -prófugo al día de la fecha-; con la participación de Juan Román González y Lucía Alonso, quién -como se adelantó aún no ha sido traída a juicio”.

Es decir que “Rodríguez Granthon siempre contó con contactos con algunos sectores de la burguesía rosarina mucho más allá de los barrios empobrecidos”, indicó Del Frade

Y por ello “resulta fundamental,, conocer desde cuándo comenzaron las relaciones comerciales con Gustavo Shanahan y con las organizaciones narcopoliciales de las que era proveedor de cocaína, como el propio Granthon admitió, como “Los Monos” y las de Esteban Lindor Alvarado”, reiteró el legislador

PREOCUPACIÓN POR BENEFICIO A EMPRESAS POR PARTE DE LA JUSTICIA FEDERAL

Otro proyecto presentado por Del Frade tiene que ver con la multa de dos millones de dólares aplicada por la justicia federal rosarina a la cerealera Díaz y Forti SA, vinculada al consorcio Vicentin, luego de evadir 700 millones de dólares. El legislador invita mediante su iniciativa a que sus pares lo acompañen a “marcar la preocupación”, de la cámara baja de la legislatura por la situación y además “instar” a que se generen procesos judiciales “en los que las empresas resulten beneficiadas a pesar de haber cometidos delitos contra el estado de una manera gravosa para toda la población”, exige el referente del FSyP

En este sentido, Del Frade se basó en una noticia del  lunes 12 de febrero de 2024, donde el reconocido periodista económico Raúl Delatorre, publicó una nota en el diario “Página/12” donde dentro de la nota  señalaba: “La condena judicial no obliga a Díaz y Forti a reponer al Banco Central los dólares no ingresados, sino que simplemente la obliga a hacer frente a la multa fijada por el juez. ¡Dos millones de dólares! Es menos del 0,3 por ciento del valor de las operaciones de exportación evadidas”, evidencia el escrito.

Cabe indicar que Díaz & Forti es una firma acopiadora y exportadora nacida en Puerto Barranqueras, Chaco, en enero de 2015 como empresa familiar (de apellido Olio), pero “pegó un saltó espectacular en 2020 cuando hace un contrato “de fasón” con la concursada Vicentin SAIC, para utilizar sus instalaciones de molienda y embarque (plantas procesadoras y puertos) a cambio de un canon o alquiler. De hecho, pasó a ocupar en ese año el lugar como exportador que hasta 2019 ocupaba Vicentin como una de las mayores exportado[1]ras de harinas y aceites del país. Pero su gloria fue efímera”.

“Es imprescindible, a cuarenta años de la recuperación democrática, que “no solamente paguen sus culpas los sectores populares si no también los integrantes de mayor poder económico”, planteó Del Frade