Perú: la polémica fiscal general Benvides logró frenar investigaciones sobre su gestión
La decisión de la justicia de Perú de suspender las investigaciones a la fiscal general, Patricia Benavides, acusada de usar su cargo con intereses personales, profundizó el temor de los expertos a nuevos choques interinstitucionales en el país.
Benavides asestó en la semana dos golpes jurídicos contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ente que nombra, fiscaliza y eventualmente sanciona a jueces y fiscales: que un juzgado especializado ordene suspender las investigaciones y que el Tribunal Constitucional (TC), con inusitada celeridad, admitiera a trámite una demanda en la misma vía.
“En el quehacer judicial, y sobre todo en el político, no hay casualidades”, reaccionó el constitucionalista Luciano López, quien calificó como “vergonzoso” lo hecho tanto por el juzgado a cargo de la magistrada provisional Jacqueline Tarrillo, como por el TC.
La fiscal general, abogada de 54 años que ocupa el cargo desde 2022 y fue central en los hechos que desencadenaron la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre pasado, se convirtió en uno de los personajes más controvertidos del país, pues diversas fuentes la acusan de transar con sectores políticos para eludir los señalamientos en su contra.
La primera sospecha surgió cuando inmediatamente después de asumir como titular del Ministerio Público apartó a la fiscal Bersabeth Revilla de la investigación que llevaba adelante sobre la jueza Emma Benavides, su hermana, a pesar de que en el proceso de nombramiento había prometido que no se entrometería en el caso por el vínculo familiar.
En un caso parecido, aunque por el momento no incluido en las investigaciones de la JNJ, a la jefa del Ministerio Público se la acusa de desmantelar el equipo que indagaba internamente a sospechosos de integrar la banda Cuellos Blancos, poderosa red de corrupción formada por jueces, fiscales y abogados litigantes, entre otros.
Otra pesquisa que la jueza Tarrillo ordenó detener se refiere al supuesto plagio cometido por Benavides en la tesis con que obtuvo el título de doctora en Derecho, que no se ha podido documentar plenamente porque la autora se niega a entregar el trabajo académico y la universidad Alas Peruanas sostiene que “se perdió”.
El argumento de Benavides es que sus críticos, que cuestionan su presunta precariedad en formación académica, solo quieren ver su tesis para “hacer escarnio” y desconocer el título entregado por Alas Peruanas, una universidad que, entretanto, perdió su licencia de funcionamiento en un asunto aparte por no reunir requisitos mínimos de calidad.
“Eso (negarse a mostrar la investigación universitaria) es inadmisible en cualquier país decente”, afirmó el abogado López a la radio RPP.
La tercera investigación se refería a la condecoración de López Aliaga, entregada en un acto público el 8 de marzo por el Día de la Mujer. El alcalde es investigado por supuestos delitos cometidos como empresario y, por lo tanto, el personal de la Fiscalía tiene prohibido recibirle cualquier prebenda. Ante el avance de las investigaciones, Benavides, en lo que López llamó “plan tenaza”, acudió simultáneamente a la justicia común y al TC, que le dieron en estos días noticias gratificantes para ella.
Benavides apunta específicamente contra dos miembros de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes han tenido a cargo las pesquisas, a los que acusa de “falta de idoneidad”, “parcialización” y, en el primer caso, hasta de excederse en edad para ocupar el cargo.
Tello, expresidenta de Poder Judicial, y Vásquez, exministro de Justicia, son dos de los más conocidos y bien reputados entre los siete integrantes de la JNJ, organismo creado en 1995 en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, que cumplía las mismas funciones pero había caído en una grave crisis por corrupción.
López destacó que la jueza no dio mayores explicaciones al ordenar el cese de las investigaciones y que el TC, cuestionado por su supuesta sumisión a las fuerzas que controlan el Congreso, ha dado señales de que podría favorecer a la fiscal general, también mencionada por la oposición como presunta integrante de ese aparato político.
El experto, además, cuestiona que Benavides recurriera a acciones cautelares reservadas a casos de urgencia, pues se está en una primera fase. Incluso si Vásquez y Tello fueran parcializados, sus informes irían al pleno de la JNJ, que no necesariamente tendría que coincidir.
El abogado de Benavides, Aníbal Quiroga, sostiene que Vásquez, Tello y otros integrantes de la JNJ tienen sesgos ideológicos contra su patrocinada y la quieren sacar por razones políticas, lo que, en opinión de la contraparte, sería la confirmación de una ofensiva contra la Junta en pleno.
“Me preocupa muchísimo de cara a la institucionalidad, porque la JNJ está siendo bombardeada por diversos flancos”, afirmó López, quien en su momento apoyó a Benavides en sus acciones contra Castillo, pero después cuestionó las otras presuntas irregularidades.
“Todos ya perdieron la vergüenza, nadie tiene sangre en la cara”, apuntó el constitucionalista, para quien “Benavides, por decoro, debería renunciar”.
Los defensores de Benavides sostienen que hay una ofensiva en su contra por su protagonismo durante el gobierno de Castillo (2021-22), cuando impulsó investigaciones que antes solo se hacían cuando el presidente terminaba su período. Las pesquisas minaron la posición del mandatario y contribuyeron a su destitución.
Fuente: Télam