Moreau rechazó los agravios de Quintela contra la UCR, pero hizo una aclaración
Luego de que Ricardo Quintela calificara a la Unión Cívica Radical (UCR) de “prostituta barata del PRO” en medio de la cruzada de la Casa Rosada con la Corte Suprema y la oposición, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau, miembro de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que iniciará el proceso de juicio político al máximo tribunal, rechazó los dichos del gobernador de La Rioja y aliado del oficialismo.
“Fue una infortunada metodología”, afirmó en declaraciones radiales el legislador, cuyos orígenes políticos fueron justamente en el partido fundado por Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, aseguró que “no es menos cierto que dentro de la UCR en estos días están surgiendo voces reclamando a la Comisión una respuesta política frente a los hechos de corrupción que se conocieron en los últimos días”.
En paralelo, justificó el pedido de juicio político impulsado por el Gobierno Nacional contra los jueces de la Corte Suprema frente a los fallos por los fondos coparticipables restituidos al Gobierno de la Ciudad y la conformación del Consejo de la Magistratura, al asegurar que el máximo tribunal “ha roto el Estado de Derecho” ya que “en connivencia con sectores de la oposición ha negociado fallos y ha llevado adelante tráfico de influencias”.
“En nuestro país se apoya en la República, que se sostiene sobre la división de poderes y el Estado de Derecho. La Corte desde hace tiempo viene actuando de pasar por encima de los otros poderes con sentencias y con fallos encubiertos que avasallan las facultades que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, con el agravante que ambos se originan a partir de la voluntad del pueblo argentino”, cuestionó.
Al respecto, se expresó sobre el caso del ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, que debió pedirse licencia tras filtrarse una serie de supuestos chats, audios y encuentros con miembros de la Justicia y directivos de multimedios, hecho fue denunciado por el PRO como una operación de espionaje ilegal y documentación adulterada por parte del oficialismo.
“Quedará a disposición de los jueces y de la propia Comisión que tiene a cargo llevar adelante el estudio de las comunicaciones telefónicas comprobar o no la veracidad de esos elementos. Ahora, la verdad de que las declaraciones de quienes aparecieron en esos chats son muy contradictorias. Por un lado, dicen que son falsos y, por el otro, dicen que se lo hackearon”, indicó.
Por último, sobre la teoría de que haya “una mano invisible” encargada de perpetuar el ida y vuelta de carpetazos entre el oficialismo y la oposición, Moreau vinculó este problema a las redes sociales. “Aquí y en el mundo se abrió un horizonte diferente. Paso con los Panama Papers, en la causa de Lula, que se reabre porque se conocen chats entre el juez Moro y fiscales, juntándose entre ellos y armando la causa”.