Molinos Río de la Plata será juzgada por secuestros durante la dictadura
El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata fijó el 23 de abril de 2026 como la fecha de inicio del juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, en una causa que investiga la responsabilidad empresarial durante la última dictadura cívico-militar.
El juicio, conocido como la Causa Molinos, tendrá como único imputado a Emilio Jorge Parodi, quien se desempeñó como jefe de Personal de la fábrica entre 1975 y 1979, cuando la empresa formaba parte del grupo Bunge y Born. Parodi llegará al debate acusado de ser partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad de los trabajadores Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino.
“Llegar al juicio oral y público es un logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda junto a los sobrevivientes”, celebró en un comunicado la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA).
De acuerdo con la acusación, el ex directivo habría colaborado con el aparato represivo mediante la confección de listas de trabajadores elaboradas en función de su actividad sindical, que luego fueron utilizadas para los secuestros. Los tres obreros fueron capturados el 7 de julio de 1976 al ingresar o retirarse de su turno laboral en la planta y permanecen desaparecidos hasta la actualidad.
La investigación judicial no se limita a esos casos: en total, la causa abarca a 26 víctimas vinculadas a la fábrica de Avellaneda, en un expediente que apunta a esclarecer el rol de la empresa y de sus cuadros jerárquicos en el terrorismo de Estado.
El proceso es impulsado por los familiares de las víctimas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos aceiteros, entre ellos la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEIA)
Según lo dispuesto por el tribunal, las audiencias se desarrollarán los días jueves y se realizarán de manera telemática, a través de la plataforma Zoom. El juicio se inscribe en el proceso más amplio de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y de la responsabilidad civil y empresarial durante la dictadura.
PARODI
La Federación Aceitera nacional junto al Sindicato Capital, habiendo asumido el compromiso de “continuar representando a nuestros afiliados que fueron detenidos-desaparecidos con la complicidad empresarial, pero también de la conducción sindical de aquel momento, hemos aportado actas y otros materiales documentales, además de presentarnos como querellantes”, indicó la entidad gremial en el comunicado .
Parodi, como empleado jerárquico de Bunge y Born, propietaria en ese momento de la empresa, está imputado por ser parte de la organización que confeccionó la lista de los trabajadores aceiteros de la planta de Molinos ubicada en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, que fueron secuestrados debido a su actividad sindical por el aparato criminal del terrorismo de Estado, en algunos casos junto a sus familiares.
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN MOLINOS RÍO DE LA PLATA
En la empresa Molinos de Bunge & Born en su planta de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, hubo 26 personas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fuera apropiada cuando tenía 6 meses de edad, luego de la desaparición de sus padres.
Según surge de las investigaciones judiciales y de los organismos de derechos humanos, la mayoría de las víctimas eran trabajadoras y trabajadores de la planta, varios de ellos con participación sindical. Los secuestros se produjeron en el marco del accionar represivo de la dictadura y son objeto de análisis en la causa, que busca determinar la eventual responsabilidad de actores empresariales en delitos de lesa humanidad.