Marítimos denuncian una “desregulación encubierta” y que el estado es “garante de un negocio extranjero”
Un informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) encendió las alarmas en el sector marítimo. El documento, que responde a un reclamo de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.), admite la emisión sistemática de «waivers» (certificados de excepción a la Ley de Cabotaje), una práctica que los gremios denuncian como una «desregulación encubierta».
El pedido sindical se originó por los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambos con bandera paraguaya, que operan desde hace meses en puertos argentinos con tripulación extranjera completa, gracias a renovaciones sucesivas de permisos.
El secretario general del Centro de Patrones, Capitán Mariano Moreno, cuestionó el desinterés sobre la soberanía y consideró que “el Estado actúa como garante de un negocio privado extranjero dentro de las vías navegables del país, sin exigir reciprocidad”.
Según Moreno, el informe de la ANPYN, firmado por la gerenta Gisela Escudero, ratifica la legalidad de los permisos argumentando que se emitieron conforme a un decreto de 1944.
Sin embargo, «el propio informe admite que las empresas renovaron los permisos varias veces (…), lo que deja de ser un pedido ‘excepcional’ y lo convierte en una práctica sistemática de tercerización del cabotaje nacional”, detalló.
El dirigente denunció que el texto de la agencia estatal «evita mencionar si el organismo verificó efectivamente la disponibilidad de embarcaciones argentinas, como exige la ley».
“Es muy grave que un organismo reconozca la posible infracción a la ley, pero no adopte ninguna medida correctiva (…). Solo traslada la responsabilidad a Asuntos Jurídicos, eludiendo cualquier acción inmediata para resguardar la soberanía laboral y económica del país”, denunció Moreno.
Finalmente, el Capitán recordó que la ANPYN es el mismo organismo que dictó la Resolución 41/25, que instauró una «flexibilización laboral y una apertura indiscriminada del cabotaje».
Este proceso, advirtió, convierte una herramienta excepcional en un mecanismo de sustitución de la flota nacional, en un proceso que «recuerda al vaciamiento sufrido en los noventa”.