La visita de Pullaro a Barrancas dejó una incómoda postal para mostrar: empujones y gestos de repudio de los vecinos hacia el mandatario
La visita oficial del gobernador Maximiliano Pullaro a la localidad de Barrancas dejó un saldo institucionalmente preocupante. El evento cultural “Barrancas bajo las estrellas”, diseñado para el encuentro comunitario, se vio empañado por incidentes entre el entorno de seguridad del mandatario y un grupo de vecinos, escalando rápidamente hacia un repudio generalizado de los vecinos hacia el accionar del entorno que rodeó al titular de la Casa Gris en el acto.
Según los testimonios de los participantes del hecho, la tensión comenzó cuando un grupo reducido de ciudadanos —entre los que se encontraban familiares de un comisario retirado— increpó al gobernador. Los reclamos estaban centrados en la política salarial hacia los empleados públicos y diversos aspectos de la gestión provincial.
Lo que, en una democracia normal, debería haber sido un simple intercambio de posturas, derivó en una situación de violencia física. Testigos presenciales aseguran que el dispositivo de custodia de Pullaro reaccionó de forma desmedida, recurriendo a empujones y forcejeos para silenciar el reclamo. Esta acción generó un “efecto contagio” entre los presentes, quienes, al observar el accionar de lo que calificaron como una “patota”, se sumaron espontáneamente al repudio contra la comitiva oficial.
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue la intervención de Sergio Vinderola, comisario retirado y vecino de la localidad. Vinderola denunció públicamente en sus redes sociales que miembros de su familia resultaron afectados por las agresiones físicas de los custodios. En su descargo, señaló una preocupante falta de tolerancia por parte del Ejecutivo provincial ante las voces críticas de su gestión.
La polémica, sin embargo, trasciende el hecho físico y se traslada al plano institucional cuando los vecinos denunciaron la presencia de individuos que actuarían como seguridad privada, trabajando a la par de la policía oficial, pero sin carácter de funcionarios públicos. Según aportan los denunciantes, este tipo de custodia ya habría protagonizado episodios similares en otras localidades, lo que genera interrogantes sobre la legalidad y los límites de estos dispositivos en actos públicos.
El episodio en Barrancas ha reavivado el debate sobre el derecho a la protesta y la calidad democrática de las gestiones de gobierno. Para los sectores críticos, el incidente no fue un hecho aislado, sino el síntoma de un estilo de gobierno que prioriza el control de la imagen pública por sobre el diálogo con la ciudadanía. “El gobierno provincial no tolera la expresión de quienes no coinciden con su gestión”, fue una de las frases que más resonó tras el festival.
Lo que quedó de la visita de Pullaro a la Comuna de Barrancas fue una postal incómoda para el gobierno, con un festival popular interrumpido por la tensión, denuncias de uso de fuerza desmedida y por un creciente malestar social que cuestiona hasta dónde llega el margen para el desacuerdo en la provincia, sin enfrentar represalias físicas o institucionales.