La Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones por falsificación de documentos
El conflicto entre la FIFA y la Federación de Malasia (FAM) por la falsificación de documentos de nacionalización sumará un nuevo capítulo.
La FAM confirmó que presentará una apelación formal para revertir la decisión del máximo organismo del fútbol mundial, que impuso una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) y sancionó por doce meses a siete futbolistas que habrían actuado con documentación falsificada.
A través de un comunicado oficial, la entidad malaya sostuvo que la descripción de los hechos realizada por la FIFA es “inexacta e injusta”, y remarcó que todos los documentos relativos a la elegibilidad de los jugadores fueron “verificados y presentados de buena fe”.
Además, la FAM aseguró que “todas las pruebas de apoyo están completas y listas para ser entregadas a la FIFA por los canales oficiales” con el fin de demostrar su inocencia y la de los deportistas implicados.
La investigación de la FIFA se originó tras una denuncia de la federación vietnamita, que cuestionó la validez de los procesos de nacionalización de varios futbolistas malayos.
En el informe publicado recientemente, el organismo concluyó que las partidas de nacimiento de los familiares de algunos jugadores habían sido falsificadas.
En el caso de los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, se determinó que los abuelos que figuraban como nacidos en la ciudad malaya de Penang en realidad eran oriundos de Roldán, Caseros y Villa María de la Selva, respectivamente.
Los siete futbolistas sancionados son Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano, quienes no podrán participar en ninguna actividad vinculada al fútbol durante doce meses.
A pesar de la gravedad de la situación, la FAM reafirmó su compromiso de defender los intereses del fútbol nacional, proteger los derechos de los jugadores y garantizar que el proceso “se desarrolle de forma transparente y conforme a las normas”.