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La CGT fue a la Justicia: Amparo contra la reforma laboral por “violar derechos constitucionales”

Tras la promulgación de la Ley 27.802, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una medida cautelar para frenar los alcances de la normativa. Desde la central obrera denuncian que la reforma no solo desmantela protecciones históricas, sino que busca desarticular la justicia específica que protege a los trabajadores.

Uno de los puntos más alarmantes del escrito presentado por la CGT es la advertencia sobre el futuro de la justicia especializada. Según el gremio, la medida: Atenta contra la existencia del Fuero Laboral pues al traspasar las causas a la Justicia porteña, se pierde la especificidad de los tribunales de trabajo y avanza sobre el Contencioso Administrativo Federal ya que la central denuncia un intento por eliminar este ámbito técnico fundamental para el equilibrio de poderes.

El amparo hace especial énfasis en que la denominada “Modernización Laboral” choca de frente con la Constitución Nacional. Los abogados de la central señalan que se vulneran pilares fundamentales como:

  1. Protección contra el despido arbitrario.
  2. Derecho a la huelga y libertad sindical.
  3. Negociación colectiva y libre agremiación.
  4. Seguridad social.

Además, la CGT subrayó que la ley ignora tratados internacionales con rango constitucional, como los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica: “La ley 27.802 significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales. Vulnera el principio de Progresividad y No Regresión sobre derechos ya adquiridos”, sentenció la central en un comunicado oficial.

La presentación judicial detalla artículos específicos que, según la central, buscan asfixiar la actividad gremial bajo la apariencia de regulación:

ArtículoConflicto detectado por la CGT
Actividades “Esenciales”Amplía el listado para limitar el alcance real de las medidas de fuerza.
Art. 133Restringe la realización de asambleas en ámbitos y horarios laborales.
Art. 134Redefine los bloqueos como “infracciones muy graves”, criminalizando la protesta.
Art. 141, 142 y 143Hablan de “prácticas desleales” en asambleas y habilitan acciones judiciales contra los sindicatos.

Con esta embestida judicial, la CGT busca que la Justicia suspenda la aplicación de la reforma hasta que se analice el fondo de la cuestión: si una ley puede pasar por encima de la máxima norma del país y de los tratados internacionales que protegen al trabajador.

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