Informe final IPCC: restringir drásticamente la producción de combustibles fósiles antes del 2030 o tener un fututo inhabitable
Esta semana se aprobó el informe definitivo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que confirmó que el ser humano está aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero hasta niveles sin precedentes y con consecuencias desastrosas en el corto y mediano plazo: Las temperaturas mundiales ya están en 1,1℃ por encima de los niveles preindustriales y a este ritmo se espera que alcancen 1,5℃ por encima de los niveles preindustriales a principios de la década de 2030.
Entre las indicaciones urgentes, el informe resalta la necesidad de reducir de forma inmediata las emisiones de gases de efecto invernadero con la eliminación gradual de los combustibles fósiles. En cifras, el informe determinó que las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya alcanzaron niveles históricos, deben disminuir alrededor de un 21% de ahora al 2030 y alrededor de un 35% al 2035.
A pesar de las drásticas declaraciones, según el mismo panel de científicos, todavía existe una salida a través de la descarbonización de la economía.
“Para lograr mantener la temperatura por debajo de un aumento de 1,5°C hace falta un salto cuántico en la acción climática”, declaró al conocer el informe el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en relación al cese estricto del uso de combustibles fósiles como salida obligada.
Por su parte, Chiara Liguori, asesora sobre cambio climático de Amnistía Internacional también consideró en que “el verdadero cambio es posible”, y recordó que “hay avances considerables en las energías renovables que pueden reducir enormemente la dependencia global de los combustibles fósiles”.
Pero, al mismo tiempo, advirtió: “Estos avances pueden ser irrelevantes para mitigar los daños causados al sistema climático si no se restringen drásticamente la producción y el uso de combustibles fósiles en el mundo. Los Estados ricos también deben aumentar de forma considerable su financiación para apoyar a los países de bajos ingresos para que éstos amplíen las energías renovables e introduzcan medidas de adaptación para afrontar el cambio climático y al mismo tiempo compensar de forma adecuada a las personas por las pérdidas y los daños que sufren”.
This week, @IPCC_CH released its latest climate report, which outlines a comprehensive picture of the climate crisis & the solutions available to address it.
— United Nations (@UN) March 24, 2023
Here are 5️ key facts about the report. ⬇️ https://t.co/mlYYF02o8F pic.twitter.com/fnyw3vjQ0x
Para analizar la situación actual en el país desde una perspectiva de Derechos Humanos, NA dialogó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
“El reporte pone claramente de manifiesto que, si no se introducen ahora cambios transformadores en nuestro enfoque para combatir el cambio climático, tales como la aceleración de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, el límite de calentamiento de 1,5 ˚C no se cumplirá por un amplio margen, lo que tendrá consecuencias catastróficas para los derechos de las personas en todo el mundo”, explicó García Rey.
“La recurrencia de sucesos meteorológicos extremos y desastres naturales, inundaciones y sequías, incendios y escasez de agua, entre otros fenómenos, son algunas consecuencias de la despiadada explotación del planeta. Las respuestas ineficaces e inadecuadas de los gobiernos a la crisis climática plantean lo que, en muchos aspectos, puede ser la amenaza más grave para los derechos humanos de nuestro tiempo y de las generaciones futuras. Aunque los países más ricos deben liderar este camino, tanto en el ámbito nacional como mediante la cooperación internacional, todos tienen que disponer de acciones razonables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar los planes de mitigación hasta el máximo de sus capacidades”, detalló la experta.
– ¿Cuáles son los compromisos asumidos por el Estado argentino y en qué situación nos encontramos en la actualidad?
-Argentina asumió el compromiso de reducir en casi un 26% las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) respecto de los niveles de 2016; sin embargo, para alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050, estas metas resultan insuficientes, ya que no están alineadas con el compromiso de limitar el aumento del calentamiento global a 1,5 °C.
Por otro lado, reformas como la de la ley de hidrocarburos –que promueve la explotación de combustibles fósiles—o la sanción de la ley de humedales, continúa siendo una deuda pendiente.
El litio y la transición energética
En el informe del IPCC, al mismo tiempo, indicó que hay “avances considerables en las energías renovables que pueden reducir enormemente la dependencia global de los combustibles fósiles”. En Argentina, el litio es el elemento que se encuentra entre los puntos claves para realizar la transición energética y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El año pasado, la Agencia Internacional de Energía estimó que la demanda de litio se incrementará entre 13 y 51 veces hacia 2040, por un aumento sostenido, ya que, por el momento, es un insumo insustituible para la producción de baterías de ion de litio, que son las que utilizan los vehículos eléctricos o los sistemas de acumulación de energías renovables. El país posee el 22% de los recursos de litio a nivel global y el 10% de las reservas. Al mismo tiempo, es el segundo con más recursos del mundo y se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral.
La minería del litio, en tanto, se encuentra en expansión y con grandes promesas que beneficiarían no solo al país en la búsqueda de la transición energética, sino que aportaría beneficios al mundo entero. Pero, cuáles son las consecuencias directas en términos socio ambientales –en el ámbito local y regional- que genera la técnica de extracción de litio por evaporación de agua.
La “minería de agua”. Las consecuencias socio ambientales
Como dice Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador de CONICET, “la minería de litio se expande en amplias regiones del país sin importar las consecuencias que pueda generar sobre los bienes comunes. Por ejemplo, el agua. Los grandes volúmenes que requiere la actividad drenan los territorios vecinos al lugar en donde se desarrolla la explotación”.
Y precisa: “El cálculo de cuánta agua se precisa para extraer litio durante este proceso impresiona no solo por sus cantidades, sino también por cómo varían sus estimaciones: desde 400 hasta 2 millones de litros por kilogramo de litio. Los minerales recuperados se distribuyen en estanques de evaporación. Estos inmensos cuerpos de agua salada se exponen al sol del desierto entre 18 y 24 meses, hasta evaporar el 95 por ciento de la salmuera. Por estos motivos, las comunidades han empezado a llamarla minería de agua”.
En tanto, García Rey dice que el mercado del litio está “en el centro de una importante disputa sobre el futuro del medio ambiente, el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas”.
“Argentina forma parte del llamado ‘triángulo de litio’ que comprende un área de Chile, Argentina y Bolivia. Se estima que alberga más del 70% de las reservas mundiales de este elemento químico. Somos el cuarto país productor de litio a nivel global. Las reservas se concentran en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca sin que exista una estrategia unificada en la gestión de sus recursos”, destacó.
-De acuerdo a lo expresado, ¿la coyuntura del litio en Argentina entonces representa un riesgo para los derechos humanos?
-Sí. El litio es un mineral que se encuentra en la sal contenida en las aguas salmueras debajo de los grandes salares y salinas de la región. La mayoría de los proyectos de esta clase de extracción en el mundo depende de la técnica de evaporación, que provoca que gran cantidad de agua salmuera se pierda por el mismo efecto de la evaporación y, adicionalmente, hace uso de agua dulce para procesar y limpiar el litio que se extrae. El efecto de este proceso en los mantos acuíferos donde se usa está aún siendo debatido.
Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, el proyecto minero de Olaroz que lleva alrededor de 7 años en producción, ha generado preocupaciones sobre los recursos hídricos, entre otras. Un estudio basado en modelos hechos por un hidrólogo en 2018 ha sugerido que se está perdiendo más agua como consecuencia de la extracción de la cantidad permitida para asegurar la recarga natural del salar. Debido al frágil equilibrio hídrico de los salares y salinas, existen preocupaciones sobre si una sobrecarga por labores de extracción puede socavar la posibilidad de recuperación de los salares o culminar en un daño irreversible a los recursos hídricos.
Las provincias y el Estado nacional deben aumentar la protección ambiental en el desarrollo de la industria del litio. Argentina debe adoptar un enfoque precautorio que tenga en cuenta los posibles impactos ambientales y la posibilidad de un daño irreversible al medio ambiente a raíz de la explotación de esta industria, en lugar de proceder a ciegas, como hasta ahora. Debe actuar protegiendo el derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente. Y en especial, debe asegurarse de que se produzca información científica independiente sobre el potencial daño ambiental, para evaluar medidas de mitigación y de manejo, en especial a las fuentes de agua, antes de autorizar la explotación de litio en la zona.
Por otro lado, los derechos de las comunidades indígenas que habitan esos territorios también están en peligro. Ante diversos avances en sus territorios sin el debido proceso de consulta, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se vienen movilizando hace más de 13 años, e incluso han recurrido a instancias judiciales nacionales e internacionales para que se respete su derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada.
Todo proceso de toma de decisiones relacionado con la exploración y explotación de litio debe involucrar a los pueblos indígenas afectados y respetar sus derechos humanos, en particular su derecho al consentimiento libre, previo e informado. El Estado argentino, las provincias involucradas y las empresas deben garantizar que todo avance de la actividad minera se realice con el debido consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas involucradas.