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En Neuquén echaron del Estado a un “ñoqui VIP” hijo de un ex gobernador

El gobierno de Neuquén cesanteó a Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del ex gobernador Pedro Salvatori, tras comprobar que fichaba en el Ministerio de Energía y se retiraba sin trabajar. La decisión se tomó luego de una investigación administrativa.

La administración provincial que encabeza Rolando Figueroa (La Neuquinidad) dispuso el despido del agente, quien revistaba en planta permanente. Videos de cámaras de seguridad y fotografías resultaron decisivos: en ellos se observa a Salvatori marcando el ingreso y retirándose en menos de medio minuto.

El sumario se inició el 12 de junio de 2025 para determinar si el empleado había faltado “de manera injustificada continua y discontinua” y si registraba asistencia para luego retirarse sin cumplir funciones, situación que quedó probada en el expediente.

Los auditores establecieron que las faltas ocurrieron entre el 1 de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025, período en el que incurrió en supuesto abandono de cargo y generó un perjuicio patrimonial a la provincia. Entre las pruebas constan cinco registros fílmicos de los días 26, 27 y 28 de mayo y 2 y 4 de junio de 2025, donde se lo ve fichar y retirarse.

Un informe incorporado a la investigación indicó que no se registraron asistencias válidas ni tareas realizadas por Salvatori entre el 10 de junio de 2020 y el 11 de septiembre de 2025.

El abogado había ingresado al Estado en 1987. Su cesantía fue precedida por una suspensión sin goce de haberes.

Desde la asunción de Figueroa en diciembre de 2023 rige en Neuquén la política de “tolerancia cero” frente a hechos de corrupción y prácticas irregulares. En ese marco, la administración implementó sistemas de control de ingreso y egreso mediante huella dactilar para desalentar irregularidades que eran vox populi en la provincia.

Salvatori argumentó que no le asignaban funciones, que se afectó su derecho de igualdad ante la ley y que fue víctima de una supuesta persecución ilegítima. Sin embargo, la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que “de las propias declaraciones del agente sumariado, surge acreditado que durante el periodo investigado el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades”. 

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