Discapacidad: Exigen la aprobación de la norma que exige que el IAPOS pague aranceles a prestadores como en el orden nacional
Las asociaciones, instituciones y transportistas del sector de trabajadores y profesionales que trabajan con personas con discapacidad insisten en que la legislatura provincial apruebe una iniciativa para que el IAPOS se ajuste en el pago de aranceles a prestadores con lo indica el orden nacional
En ese sentido, los organismos afectados llevaran a cabo una conferencia de prensa este próximo jueves a las 10.30 horas en calle Viamonte 744 para hacer publico el apoyo al proyecto que impulso el diputado provincial Fabían Palo Oliver. Se espera la presencia del legislador en la ronda de prensa con los medios
Por lo pronto, la iniciativa legislativa se encuentra en presentada en la cámara baja de la legislatura provincial y “estamos a la espera de su tratamiento favorable en las correspondientes comisiones y cámaras legislativas, con la expectativa de saldar una postergada injusticia”, dijo Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis)
EL PROYECTO
Mediante un proyecto de Ley, el diputado Palo Oliver estructura un mecanismo para el pago, por parte de IAPOS, de las prestaciones básicas de atención integral recibidas por las personas con discapacidad, afiliadas a la misma.
En este sentido, la normativa propuesta obligaría a IAPOS a ajustarse a lo indicado por el nomenclador nacional.
Vale la pena recordar que estas prestaciones son enumeradas por la Ley 24.901 y son de carácter obligatorias.
En la parte dispositiva se establece que “los aranceles que debe abonar el IAPOS a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, serán los que publique el Ministerio de Salud de la Nación y/o la Agencia Nacional de Discapacidad por medio del Nomenclador Nacional y sus actualizados mensualmente” y “bajo ningún concepto el IAPOS podrá abonar por las prestaciones establecidas en el artículo primero, un arancel que esté por debajo de los valores dinerarios que se establezcan en el Nomenclador publicado por la autoridad nacional, debiendo éste ser considerado como piso para el pago de los mismos”.
Por último, el proyecto dispone que “los pagos no podrán exceder el plazo de 30 días”.
En los fundamentos, el legislador explica que la intención es “que los montos arancelarios fijados por el nomenclador nacional, constituyan el piso a partir del cual se fije el arancel a pagar por IAPOS, a fin de evitar que peligre la continuidad de las prestaciones recibidas por las personas con discapacidad, vulnerando sus derechos.