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Brasil: detuvieron a militares por robar ametralladoras del Ejército y venderlas a narcos

El Ejército de Brasil detuvo a 17 militares acusados de estar vinculados con el robo de 21 ametralladoras de un cuartel del Gran San Pablo que habían sido vendidas para los grupos criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (Comando Rojo), informaron fuentes oficiales.

Los 17 acusados de negligencia y omisión por el robo de ametralladoras en el Arsenal de Guerra del municipio de Baruerí estarán presos por al menos 20 días.

La comandancia del Ejército pidió a la justicia militar la prisión de seis investigados por sospechar que tienen contactos con el crimen organizado.

“El Comando Militar del Sudeste informa que 17 militares del Arsenal de Guerra de San Pablo se encuentran sometidos a castigo disciplinario, sancionados a la luz del Reglamento Disciplinario del Ejército por falta de conducta y error de procedimiento en los procesos de inspección y control de armas”, indicó un comunicado del Ejército.

Entre los detenidos se encuentran dos tenientes coroneles, un mayor y un capitán.

A causa del robo de armas, el teniente coronel Rivelino Barata de Sousa Batista fue destituido de su cargo de director del Arsenal de Guerra, y en su lugar fue designado el coronel Mário Victor Vargas Júnior.

La decisión fue tomada por el jefe del Ejército, general Tomás Paiva, quien asumió en el cargo por decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva luego de los actos golpistas perpetrados por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro el 8 de enero pasado.

Ocho de las ametralladoras fueron localizadas en la favela de Gardenia, en la zona oeste de Río de Janeiro, ya que habían sido vendidas a la organización narco Comando Vermelho.

Según el secretario de Seguridad de San Pablo, Guilherme Derrite, otras habían sido ofrecidas al PCC, el grupo criminal más grande de Brasil.

De acuerdo a la información oficial, siguen desaparecidas cuatro ametralladoras con potencia antiaérea, es decir, que pueden derribar helicópteros.

La causa judicial indica que el Ejército estima que las armas fueron robadas entre el 6 de septiembre y el 10 de octubre.

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