Acusan al exministro de Salud de Macri por un presunto “desvío de fondos públicos”
La asociación de abogados AJUS de La Plata, Berisso y Ensenada denunció al exministro de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein y la exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer (INC) Julia Ismael Celsa, por “manejo irregular de los fondos públicos” con un valor cercano a los 7 millones de pesos.
Según la denuncia de la organización no gubernamental Abogados por la Justicia Social (AJUS), existió “la asignación de fondos públicos, con un valor de casi 7 millones de pesos, con intención de favorecer a instituciones con las cuales los exfuncionarios se encontraban íntimamente vinculados”.
La entidad presentó la denuncia en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y en la Oficina Anticorrupción, donde el exministro tiene otro expediente, y debe investigarse como violación de los deberes de los funcionarios públicos.
La AJUS explicó que la presentación en la Justicia radica en el hecho de que Rubinstein “asignó, de manera arbitraria, exorbitantes sumas de dinero al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) a través del Instituto Nacional del Cáncer durante su gestión, institución la cual dirigió desde la fundación y a la que volvió finalizadas sus labores como Ministro y Secretario de Salud”.
”Dicho accionar se realizó con la complicidad de la Dra. Ismael Celsa, que en ese momento era la directora del Instituto Nacional de Cáncer, puesta por el mismo Rubinstein”, apuntó la organización.
Para la ONG, Ismael “asignó fondos públicos, mediante licitaciones poco claras, a la fundación ´Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica´ (GEDYT) y fue designada como su directora ejecutiva un año después de entregar 3 millones de pesos”.
”También denunciamos el haber utilizado con fines de lucro informaciones o datos de carácter reservado de los que han tomado conocimiento por razón de su cargo, favoreciendo y dirigiendo las ´licitaciones públicas´”, sostuvieron los abogados.
Para AJUS, las conductas del exministro y la exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer “se encuentran prohibidas por la Ley de Ética Pública, por lo que presentamos la denuncia ante la Oficina Anticorrupción”.
”Dicho accionar por parte de los ex funcionarios amerita abrir una investigación penal que revea la forma en que se decidieron esas ayudas financieras a las organizaciones que los acogieron como sus empleados a poco de terminar sus gestiones”, afirmó la entidad en un comunicado al que tuvo acceso Télam.
En esa línea, pidió que “se determine el lugar de donde salieron los fondos, la regularidad de esas licitaciones, y el patrimonio de los funcionarios”.
”Teniendo nuestra denuncia como fin el garantizar la transparencia de la utilización de los fondos públicos, para garantizar el acceso al derecho de la salud de manera igualitaria y efectiva para toda la Nación Argentina”, completó AJUS.
Fuente: Télam