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Discapacidad: Consideran “insuficiente” el aumento otorgado por el gobierno para las prestaciones y exigen la aplicacion de la ley de emergencia

Desde Rosario, los transportistas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad consideraron insuficiente el aumento otorgado por el gobierno nacional para las prestaciones. Asimismo desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES) adelantaron que se iniciará otra acción judicial contra el gobierno nacional, para exigir que se atenga al cumplimiento de la Ley de Emergencia pertinente.

La actualización que difundió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del 35% como “no compensa el retraso acumulado desde el inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023”, consignaron desde el  Foro Permanente de Discapacidad.

“La ley establece otorgarle la pensión a 500.000 personas que están esperando. Significa que no van a cumplir con la ley”, lamentó Pablo Bolego, presidente de Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), a un diario local . 

Solo en la provincia de Santa Fe, hay 138.000 personas con certificado único de discapacidad (CUD), de las cuales 45.000 residen en Rosario. 

“La destrucción del sistema prestacional, que garantiza el acceso al derecho a la salud y a la educación de más de 300.000 personas con discapacidad, se profundizó durante la actual gestión, que desde su inicio no ha otorgado aumentos acordes con los costos reales ni con los índices de inflación”, apuntó el Foro

“El desfasaje ha sido brutal, porque el combustible aumentó en este tiempo 385% mientras nuestros aranceles iban aumentando de a 1 o 2 puntos, y ahora 35. Es irrisorio, no hay manera de sostener nuestros servicios con calidad”, indicó Bolego.

“El aumento otorgado representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad para el mes de octubre y, además, se paga de manera fraccionada. Aun así, el gobierno lo comunica como si se tratara de una respuesta a las necesidades reales de los prestadores, cuando en realidad no cumple con los parámetros fijados por la ley ni con los compromisos asumidos”, planteó en ese sentido el Foro.

Porque además –puntualizan– ese incremento de 35% los prestadores de servicios lo cobrarán recién en marzo o abril del año próximo. “No es una solución, no cubre los costos reales, solo profundiza el endeudamiento y la crisis del sistema prestacional”, remarcaron

Asimismo, Mariel Chapero, Presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad indicó: Lo que estamos solicitando no es un aumento insuficiente sino la aplicación de la ley de emergencia, que implica un montón de otros factores”, dijo también a un medio local.

Entre otros puntos, dijo que la ley —aprobada por el Congreso y vetada por la Casa Rosada— reconoce pensiones  dadas de baja y sueldos de trabajadores de talleres.

El anuncio del gobierno nacional otorga incrementos que van del 29,7 % al 35,4 %. Sin embargo, para Chapero la cifra “es menos de la mitad de la pérdida acumulada solamente en este gobierno”, concluyó.

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