Sr. Tabaco: el fallo de la Corte incomoda a la dupla Ritondo-Santilli
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de un impuesto interno aplicable a los cigarrillos, obligando a Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco” y propietario de Tabacalera Sarandí, a saldar una deuda que podría superar los 2.000 millones de dólares. Esta decisión, emitida por unanimidad, no solo impacta directamente en las finanzas de Otero, sino que genera incomodidad en figuras políticas clave del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, cuya supuesta proximidad al empresario fue objeto de debate durante el debate de la ley Bases.
El fallo del máximo tribunal rechaza los argumentos presentados por Tabacalera Sarandí, que sostenían una afectación al derecho de propiedad y la irrazonabilidad de la norma impositiva. Según fuentes judiciales, la empresa no logró demostrar tales perjuicios, lo que consolida la obligación de pagar el impuesto mínimo sobre cigarrillos que Otero había evitado desde 2018 mediante medidas cautelares previas. Estimaciones oficiales indican que la deuda acumulada asciende a más de 1.400 millones de dólares, un monto que podría incrementarse con intereses y actualizaciones.
Esta resolución beneficia indirectamente a productores tabacaleros de regiones como Misiones, al corregir distorsiones en el mercado que favorecían a empresas como la de Otero.
El contexto normativo: la Ley Bases y el Artículo 15
La controversia se enmarca en las modificaciones introducidas por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobada en 2024 bajo la administración de Javier Milei. En particular, el Artículo 15 de la Ley 24.674 (Impuestos Internos), reformado por esta norma, establece: “Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73%).”
Esta alícuota representa un incremento respecto al 70% previo, con el objetivo de desincentivar el consumo y combatir la evasión fiscal en el sector. Sin embargo, la aprobación de esta reforma no estuvo exenta de tensiones internas en el oficialismo.
En su momento, Diego Santilli salió al cruce las versiones: “La posición de Pro es ni Massalin Particulares ni Sarandí. Proponemos un proyecto que replica lo que funciona en el mundo: altos impuestos para que el precio del tabaco sea más caro; fijar un precio mínimo salud; eliminar el impuesto mínimo, que generó todas las distorsiones; buscar un mecanismo para buscar la evasión fiscal y suprimir la estructura de controladores que planteaba el Gobierno”.