Emergencia en Discapacidad: El proyecto obtuvo dictamen y se tratará el 14 de mayo en Diputados
Este pasado miércoles bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron imponer su mayoría para aprobar un dictamen para declarar la emergencia en discapacidad hasta el final del Gobierno de Javier Milei. Esto sucedió en la comisión de presupuesto que preside el oficialista José Luis Espert.
En ese marco, el Proyecto sería tratado el próximo 14 de mayo en el recinto de la Cámara de Diputados y de aprobarse pasará al Senado de la nación para su aprobación definitiva.
En Rosario, celebraron el dictamen los transportistas nucleados en Atraes y las instituciones del sector que conforman Apridis
“Asistimos a una jornada de intenso trabajo legislativo donde se obtuvo dictamen por mayoría y también por minoría y donde no pasó desapercibida la ausencia de los legisladores de la Libertad Avanza, ni siquiera asistió el president de la comisión de presupuesto, Jose Luis Espert”, destacó pablo Bolego, presidente de Atraes
Asimismo, el transportista valoró el dictamen favorable “lo que habilita que en una sesión especial en diez días hábiles se trabaje y se vuelva a votar esta ley en emergencia en discapacidad”, completó
Recordemos que la iniciativa busca actualizar las prestaciones en base al índice de inflación y otorgar mayor presupuesto para cubrir los tratamientos para las personas con discapacidad.
Por lo pronto, los dictámenes de mayoría y minoría que habilitan el tratamiento en el recinto de sesiones del proyecto sobre discapacidad se firmaron en un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, en una reunión que no contó con el grueso de los diputados libertarios, incluido el legislador José Luis Espert.
Por ese motivo, el plenario fue conducido por los titulares de Discapacidad, Daniel Arroyo (UP), de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UP) y el vicepresidente de Presupuesto, Carlos Heller (UP).
El dictamen de mayoría fue respaldado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y la izquierda, mientras que el radicalismo, Democracia para Siempre, y el PRO, presentaron dictámenes de minoría.
Las diferencias entre el proyecto de UP con la UCR está vinculado al aumento de las prestaciones, las auditorías, mientras que los radicales de DPS quieren que la emergencia se establezca por un año.
En tanto, el PRO no plantea declarar la emergencia pero si actualizar los valores de las prestaciones, pero no impulsa como UP aplicar el aumento en forma retroactiva desde diciembre del 2023.
El dictamen de mayoría establece una compensación “entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el mismo período”.
De todos modos, voceros de Unión por la Patria buscarán acuerdos con los radicales y el Democracia para Siempre, para lograr que esa iniciativa se apruebe con el mayor de los consensos.
La intención es que si el proyecto se convierte en ley, el Gobierno no tenga los 87 votos para poder vetar esa propuesta, como sucedió cuando se trataron los proyectos de aumento a las jubilaciones y al presupuesto universitario.
El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, y los despachos de minoría del PRO reunió 14 firmas, DPS 8 firmas, y la UCR 7 firmas.
Al abrir la reunión, Arroyo explicó que la intención del proyecto es establecer un mecanismo para actualizar la prestaciones en base al índice de inflación, como se aplica en el caso de los jubilados.
“Ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año”, agregó.
Dijo que está “bien” que el Gobierno realice una auditoría para detectar a las personas que le dieron la pensión y no les correspondía, pero señaló que “no está está haciendo la auditoría como corresponde”.
Señaló que la forma adecuada “es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
“El proyecto tuvo mejoras sustantivas de varios bloques. Una, es la del cuidado del sistema de seguridad social. También, da claridad sobre la imposibilidad que una persona tenga a la vez jubilación y pensión por discapacidad, que estaba en el texto, pero quedó más claro”, subrayó.