La provincia resarció a 5 víctimas de actividades ilícitas

En el marco de la política de Estado de incautar los bienes de bandas delictivas, el Gobierno provincial resarció a 5 víctimas de actividades ilícitas. A través de subastas realizadas por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el Gobierno provincial recauda el dinero para resarcir a las víctimas de delitos y realizar donaciones a instituciones, políticas de seguridad y autofinanciar la propia institución, que es un ente autárquico.

Durante el presente año se realizaron dos subastas, donde se logró recaudar $ 1.124.000.000. La primera, efectuada el 25 de abril en Rosario, dejó como saldo $ 400.000.000, mientras que la efectuada en septiembre en la ciudad de Santa Fe arrojó un beneficio de $ 724.000.000.

“Al incautar los bienes de bandas delictivas, pudimos realizar dos subastas públicas, debilitar a las organizaciones criminales y que la plata vuelva donde realmente tiene que volver, que son a las propias víctimas. Esto es una política de Estado muy importante para nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, a cargo de la Aprad, Matías Figueroa Escauriza.

“Ya son cinco las víctimas que resarcimos y muchísimas las instituciones que venimos beneficiando con donaciones producto de la compra de elementos que adquirimos a partir de las subastas. Además, estamos ordenando los depósitos de la provincia, particularmente de Rosario, con grúas, camiones de mudanza y lo que conlleva mover los autos y motos y bicicletas de las comisarías. El fin es que el Estado no tenga que poner plata de la renta general para administrar los bienes de los delincuentes, sino que sea lo mismo que le quitamos a los delincuentes con lo cual nosotros ordenamos el Estado”, detalló el secretario provincial.

ATE y ATEM

La Provincia resarció esta semana a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y su mutual ATEM a raíz de una estafa que sufrieron en 2019. “ATE y ATEM fueron estafados por uno de los empleados. Cuando interviene la Fiscalía se secuestran muchísimos automóviles y motocicletas que tenía esta persona, que había adquirido con el dinero fruto de estas estafas. Estos bienes, al ser secuestrados, los fuimos custodiando desde la Aprad. La custodia comenzó en el año 2019, en el Gobierno Miguel Lifschitz. Cuando asumimos el gobierno determinamos venderlos y lo incorporamos a la subasta que hicimos en el mes de septiembre en la ciudad de Santa Fe. La Aprad custodia los bienes para que no pierdan su valor económico. Lo mejor de este mecanismo es vender estos bienes, cuidar el dinero para que generen intereses mientras dure el proceso y, una vez que haya finalizado, resarcir a las víctimas y poder devolverle el dinero, que es lo que realmente muchas de ellas por lo general son estafadas”, precisó Figueroa Escauriza.

A través de la resolución N.º 0118 del 12 de noviembre de 2024, se estableció resarcir por daños a ATE por $ 36.000.000 y a ATEM por $ 30.400.000.

Por su parte, el actual titular de ATEM, Marcelo Delfor, afirmó: “Estamos muy conformes por el trabajo que se realizó, muy eficiente y con mucha celeridad. Para instituciones que tienen fines sociales es muy importante que haya credibilidad, tanto en los procesos jurídicos como, en este caso, que está a cargo del Poder Ejecutivo, el poder recuperar los fondos sociales, que deberían estar destinadas a servicio y beneficio de los afiliados”.

“Nosotros detectamos la estafa a través de auditorías internas e inmediatamente hicimos la demanda, tanto civil como penal. Producto de ese trabajo jurídico, del sindicato y de la Mutual, y de este sistema que ha implementado la Provincia de subastar aquellos bienes que son producto de esas maniobras, hoy estamos recuperando parte de lo perdido”, finalizó Delfor.

Sobre la Aprad

La Aprad es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados o compactados. Otros elementos pueden ser entregados a entidades de beneficencia.