La ciencia argentina está bajo amenaza de disolución
El geólogo y director de Industrias Emergentes de la Regional NOA del INTI, Guillermo Baudino, el físico del Balseiro y autoridad del CONICET, Alberto Baruj, y Luciano Galfione (titular de la Fundación Pro Tejer), entre otros referentes científicos, encomendaron al Senado evitar la destrucción del sistema científico argentino e instaron a defender los organismos que fomentan el desarrollo nacional.
Baudino pidió “encarecidamente a los representantes de las provincias que consideren la misión de este organismo que contribuye al desarrollo de la industria a través de la generación y transferencia de tecnología. Es imprescindible que se mantenga íntegro y federal”.
Añadió: “Con las facultades que otorga este proyecto de ley al Poder Ejecutivo podría desarmarse toda la estructura federal de los organismos de ciencia y técnica“.
En tanto el físico Alberto Baruj, miembro del directorio del CONICET y profesor del Instituto Balseiro–, sostuvo que “el sistema científico-tecnológico argentino tiene las herramientas para producir conocimiento que aporte al desarrollo del país, pero el Gobierno Nacional no ejecutó ni el 1% del presupuesto”.
Alertó sobre toda la enorme inversión que hizo el país en construir este sistema en pos del desarrollo de nuestras capacidades, que se ve directamente amenazado por una norma que, además, está orientada a la reprimarización y extranjerización de nuestros recursos”.
Subrayó: “Cada una de las cosas que tenemos costó muchísimo. Cada una de las personas que están en el sistema científico son sobrevivientes en Argentina“.
A su turno, Diego Golombek, investigador del CONICET, puso de manifiesto durante su ponencia la evidencia de que detrás de los avances de la ciencia y la tecnología están los Estados que apuestan por ellas.
Y la falacia de que “una vez resueltos los problemas más acuciantes del país, se podrá apoyar a la ciencia. Es al revés: la ciencia es la que puede ayudar a resolver esos problemas. No hay que apoyar ‘a’ la ciencia, sino apoyarse ‘en’ la ciencia”.
Galfione, como representante de la industria textil, pidió “encarecidamente” que incluyan al INTI dentro del listado de organismos descentralizados que no puede ser disuelto.
“El INTI es fundamental para todo el desarrollo científico-técnico del país. En especial, para la industria, y para un séctor como el textil”, afirmó.
“Basta mirar cualquier país desarrollado –siguió Golombek– para entender que se desarrolló gracias y no en contra de su sistema científico. Notamos aquí un desprecio por la actividad científica, un ataque contra el pensamiento crítico, contras las políticas públicas basadas en evidencias que podemos y deseamos proveer desde el sistema. Esta no es una discusión meramente presupuestaria. Se trata de un fenómeno más profundo y preocupante: se está poniendo en discusión el rol de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo”.
Desarrollo científico y tecnológico soberano
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, comenzó su exposición ante el plenario de comisiones del Senado que debate la polémica iniciativa presentada por el oficialismo diciendo: “Está ampliamente comprobado que el desarrollo económico y social de las naciones modernas está asociado a la implementación de políticas activas de ciencia y tecnología por parte de los Estados. Entendemos que la llamada ‘Ley Bases’, en contraposición a ese camino, posibilitaría volver a convertir a nuestro país en una economía primarizada, ubicándolo en el mercado mundial como un mero exportador de commodities. Asimismo, anularía la generación de políticas de desarrollo y equidad social a partir del desmantelamiento y la destrucción de las empresas públicas, de las herramientas más elementales del Estado y del entramado productivo nacional”.
Al cerrar su alocución ante los senadores, sostuvo: “Dejar en manos de este Presidente (y de su fuerza política) el futuro de la ciencia argentina, cuando ya ha dado muestra cabal en palabras y en hechos de su desprecio absoluto por el desarrollo científico y tecnológico soberano, es un riesgo que nuestro país no puede correr”.
Agrego: “Ni la Tierra es plana, ni el calentamiento global es un invento del socialismo mundial. Sin ciencia, sin tecnología, sin universidades públicas de calidad no hay futuro para nuestro país”.
El articulado
El cuestionamiento a los artículos del proyecto de ley fue:
Además del 1, que delega en el Presidente funciones que constitucionalmente corresponden al Poder Legislativo, los números 3, 5, 6 y 52 ponen en serio riesgo la continuidad lisa y llana del sistema, por lo que es imperioso que, en caso de que el oficialismo logre reunir los votos necesarios para la aprobación en general, sean eliminados del texto normativo.
Concretamente, el artículo 3 de la Ley Bases en sus incisos a y b habilita al Presidente a disolver buena parte de los organismos nacionales de ciencia y tecnología, entre ellos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que es la herramienta fundamental de financiamiento de la ciencia argentina, el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
“Este mismo artículo 3 –señaló Durán ante los integrantes de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado– permite modificar, eliminar competencias, reorganizar, transformar o transferir a las provincias no sólo estos organismos sino también aquellos organismos que quedaron exceptuados de la disolución, como el CONICET, el ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Estos dos últimos también pueden ser intervenidos, dado que el artículo 6, que es el que permite intervenciones, ni siquiera los exceptúa”.
El artículo 5, además, permite al Presidente eliminar los fondos fiduciarios, entre ellos, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), que permite impulsar programas y proyectos cuyo objetivo es la producción de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, en ciencia básica y aplicada. Sin esta herramienta fundamental con que cuenta la Agencia I+D+i, aunque no fuera eliminada, quedaría vaciada de hecho en sus funciones.
El artículo 52 facultaría al Presidente para poner en situación de disponibilidad por un período de 12 meses a todos los empleados de los organismos de ciencia y tecnología, incluidos los investigadores del CONICET, “que resulten afectados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas” y, pasado ese período, directamente despedirlos.
Los efectos del desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología nacional impactarían directamente sobre las universidades nacionales, que albergan a la gran mayoría de los institutos del CONICET y nutren sus planteles docentes de los más prestigiosos investigadores.
De hecho, la Ley Bases se debate en un contexto sin precedentes para el sistema universitario, con su presupuesto congelado y subejecutado, una brutal caída del salario de docentes y nodocentes, fuertes recortes en becas y un desfinanciamiento general que pone en serio riesgo el inicio del segundo cuatrimestre.
En medio de las discusiones cruzadas que genera un proyecto de ley ruinoso para el entramado productivo argentino y para vastos sectores de la sociedad, sobre todo a partir de los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las maniobras de blanqueo que habilitaría la reforma fiscal, está claro que pende una espada de Damocles sobre el sistema científico y tecnológico argentino.