El Gobierno califica de “hipotéticos” los perjuicios que ocasionaría capítulo laboral del DNU
El Gobierno calificó de “hipotéticos” los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 de desregulación económica en la presentación que realizó a la Corte Suprema de Justicia para que se revierta el fallo que dio lugar a una medida cautelar que lo suspendió.
Asimismo, consideraron que la decisión de suspender ese capítulo del DNU “puede traer consecuencias irreversibles” y acusaron de “privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población”.
“No se acreditaron ni mínimamente los perjuicios que ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”, sostuvieron los abogados que representan al Estado Nacional en el recurso extraordinario presentado el viernes último por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del expediente iniciado por una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El recurso, cuyos detalles se conocieron recién este lunes, lleva la firma del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y tiene por objetivo lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia ante la cautelar que logró la CGT que suspendió, para ese caso, los efectos del capítulo laboral del DNU.
En esa presentación, Barra sostuvo que “la sentencia no tuvo en cuenta los graves efectos irreversibles que ocasiona a la población argentina, y que cobra especial relevancia en el contexto actual de emergencia. Como contracara, la beneficiaria de la precautoria no acreditó ni mínimamente los perjuicios que le ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”.
Además, señaló que “la decisión trasciende al interés perseguido por la actora, puesto que las medidas estatales suspendidas forman parte de una reforma normativa integral imprescindible para la subsistencia del Estado”.
“Adviértase que la política pública fue impulsada por DNU porque precisamente es necesario y urgente adoptar decisiones que eviten una catástrofe económica y social: concretamente una hiperinflación y porcentajes extremos de pobreza, circunstancias que son hoy de público conocimiento”, añadió el Procurador del Tesoro en el texto.
Para el Gobierno, “suspender el DNU hasta el dictado de la sentencia definitiva, en el marco de un proceso que, aunque sea sumarísimo puede durar hasta más de un año, puede traer consecuencias irreversibles”.
“Es decir, puede ser demasiado tarde para los argentinos”, alertó, al solicitar la intervención de la Corte.
“Debe ponerse de resalto que las particularidades de la cuestión exceden el interés individual y conllevan un claro supuesto de gravedad institucional (suspensión de vigencia normativa) que habilita por sí sola la instancia extraordinaria conforme el criterio que ha sustentado”, se indicó en la presentación.
Para la Procuración del Tesoro, el dictado de la medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU “no ponderó si la suspensión de la norma podría ocasionar peores efectos materiales e irreversibles, en comparación de los hipotéticos perjuicios que pueda alegar la actora”.
Se “ha privilegiado a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población, lo que resulta inadmisible en el marco de la crisis económica que está viviendo el país y que no permite demoras”, afirmó Barra.
El recurso elaborado por los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación tiene por objetivo llegar al máximo tribunal en busca de revertir el fallo de la cámara de apelaciones del fuero laboral que, ante una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), dispuso la suspensión provisoria del capítulo laboral del DNU.
Se trata de un recurso extraordinario para que la Cámara habilite la vía hacia la Corte; aunque si eso no ocurre el Gobierno podrá recurrir a una queja para llegar al máximo tribunal.
El 4 de enero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó la primera cautelar que ordenó la suspensión de la reforma laboral incluida en el DNU: luego hubo otros cuatro cautelares más -dictadas por tribunales de primera y segunda instancia, según cada caso- entre las que se encuentra la lograda por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).