Perú: los familiares de las víctimas de las recientes protestas exigen rápida justicia
Los familiares de las decenas de personas que murieron durante las protestas de los últimos meses en Perú siguen su lucha en busca de justicia, en medio de la falta de respuestas del gobierno y la Fiscalía, y de lo que denuncian como un calvario psicológico.
“Desde abril llevo un tratamiento psiquiátrico con drogas para contrarrestar las sensaciones de angustia, de ansiedad y de depresión”, dijo a medios de prensa Andrés Candia, de 20 años, hijo de Remo Candia, líder campesino del departamento de Cusco que murió cuando participaba en las movilizaciones.
“De la etapa de duelo prácticamente ya muchos de nosotros estamos ingresando a la etapa de depresión; por ejemplo, de falta de sueño, de apetito y de ganas de continuar”, añadió Raúl Santillán, quien preside una de las asociaciones de deudos y cuyo hermano Marco fue otro los caídos.
Para los parientes de las víctimas y sus abogados, la búsqueda de justicia marcha a ritmo muy lento, hecho del que responsabilizan al gobierno, en particular a la presidenta Dina Boluarte, y a la Fiscalía de la Nación y en concreto a su titular, Patricia Benavides.
La fiscal general, que esta semana fue hostigada por deudos que le reprocharon su supuesta apatía durante una visita a Ayacucho, uno de los ocho departamentos en los que las protestas dejaron muertos, asegura que su institución trabaja aplicadamente en el tema pero se deben aguardar con paciencia los resultados.
“No confío (en Benavides), la verdad; puedo conocer a unos fiscales diligentes, algunos son muy buenos, pero siento que la fiscalía coordinadora no acompaña las investigaciones”, señaló la abogada de parientes de víctimas, Gloria Cano, quien comparó ese ritmo con la celeridad del Ministerio Público por ejemplo en las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
La semana que pasó, el Poder Judicial ratificó su decisión de que Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, están obligados a responder interrogantes de los abogados de las familias, y la Fiscalía retiró las apelaciones que había presentado con el afán de evitarlo, con lo que, en opinión de las familias afectadas, se dio un paso importante.
“La única que se ha negado a declarar para nosotros es Dina Boluarte; los demás investigados, en Ayacucho, en Lima y en otros lugares, han respondido a nuestras interrogantes”, resaltó Cano en una entrevista con el programa de televisión online “No hay derecho”.
Para Cano, una reputada especialista en derechos humanos, la presidenta debe aclarar entre otras cosas las discrepancias entre su versión y las de otros involucrados, como el entonces ministro del Interior, César Cervantes, otro de los señalados como presuntos responsables directos.
Según el testimonio de Cervantes, conocido fragmentaria y extraoficialmente porque está aún bajo reserva, él coordinó repetidamente con Boluarte las tareas de control de las manifestaciones, lo que desmentiría a la mandataria, que sostiene que no tuvo nada que ver con la parte operativa, a cargo de los mandos policiales y militares.
Las protestas que se desarrollaron entre diciembre y marzo pasados en demanda de la renuncia de la presidenta y de la realización de elecciones generales anticipadas cobraron la vida de 49 civiles, la mayoría por impactos de bala. El número total de fallecidos sube a 77 si se tiene en cuenta a los caídos en episodios colaterales.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras revisar testimonios y material fotográfico y de video, hablaron de uso excesivo de la fuerza del Estado e incluso de ejecuciones extrajudiciales, pero las investigaciones oficiales hasta ahora solo incluyen algunos interrogatorios y otras diligencias preliminares.
Boluarte, quien formuló un pedido de perdón a nombre del Estado para las víctimas en un mensaje a la Nación por el Día Nacional (28 de julio), asegura que no tuvo que ver e insinúa que las responsabilidades, de haberlas, son de policías y militares, mientras estos niegan que haya habido abusos y afirman que se limitaron a controlar el vandalismo.
“Lo han matado a mi hermano y ahora quieren eludir, quieren decir que ha venido el Espíritu Santo y le ha disparado, que ellos no han sido, que son los santitos que han custodiado a los manifestantes. ¿Y de dónde diablos han salido las balas, las bombas lacrimógenas?”, lamentó Ana Candia, hermana de Remo.
Para los familiares de los muertos, la justicia no lo es si tarda demasiado en llegar. El dictado de condena esta semana contra militares que participaron en una operación en que mataron a 39 campesinos hace 35 años en el departamento de Ayacucho fue presentada como una demostración de la poca efectividad de la justicia en casos de derechos humanos.
El gobierno, mediante dos decretos de emergencia, entregó aportes económicos a los deudos y a quienes resultaron heridos en las protestas recientes, pero lo que estos exigen es justicia, con penas efectivas para los culpables, y una ayuda más integral, que incluya la salud mental.
“La solidaridad, los principios quechuas y aimaras de nuestros hermanos, han hecho que nosotros tengamos apoyo de la comunidad, de la sociedad; de cualquier modo, siempre están con nosotros”, resaltó Raúl Santillán.
Marco Santillán, el hermano de Raúl, era un campesino que a los 31 años cursaba con esfuerzo estudios de medicina en la universidad. Videos dejaron en evidencia que murió baleado en la ciudad sureña de Juliaca cuando, sin ofrecer resistencia, atendía a un herido en medio de la calle.
Las protestas contra Boluarte y el Congreso y a favor de prontas elecciones se detuvieron en marzo, cuando catástrofes naturales que incluyeron un ciclón y decenas de inundaciones cambiaron las prioridades. Aunque en julio hubo otras con las mismas motivaciones, transcurrieron en forma pacífica.
Fuente: Télam