El nuevo presidente del Congreso de Perú, en la cuerda floja acosado por denuncias
Aunque aún no lleva un mes en funciones, el presidente del Congreso de Perú, Alejandro Soto, primero en línea de sucesión en caso de salida de la mandataria Dina Boluarte, se tambalea al compás de múltiples denuncias que parecen reconfirmar el desprestigio del poder político en el país.
Soto “tiene las horas contadas y la cosa se agrava porque va camino a su desafuero y vacancia”, afirmó el parlamentario de izquierda Roberto Sánchez, impulsor de una iniciativa que busca sacar del cargo al flamante presidente del Legislativo.
Ahora falta saber si la inesperada alianza que puso al frente del Congreso al controvertido político, formada por el partido de derecha Fuerza Popular (FP), el de izquierda Perú Libre (PL) y el de centroderecha Alianza Para el Progreso (APP) le mantendrá el respaldo o lo dejará caer.
Por lo pronto, el portavoz de FP, Arturo Alegría, y el de PL, Flavio Cruz, dijeron que no apoyan una censura a Soto pero analistas no descartan que eso cambie en medio de la siempre sorprendente dinámica de la política peruana.
La Alianza para el Progreso, en cambio, cerró filas en torno a su compañero, a quien el líder del partido, César Acuña, presentó como víctima de supuestas maniobras desestabilizadoras de parte de la prensa: “Todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, están generando una crisis que afecta a los peruanos”.
Soto, abogado de 63 años cuya labor como congresista pasaba inadvertida, surgió a fines de julio como la carta de FP y PL para presidir el Congreso, al parecer porque su perfil bajo podría generarle un clima más tranquilo.
Lo importante para esos dos partidos, según analistas, era controlar las decisiones de la directiva a través de Hernando Guerra García y Waldemar Cerrón, líderes de peso que quedaron como primer y segundo vicepresidente a nombre de FP y PL, respectivamente.
Pero la apuesta no salió bien: en la hoja de vida de Soto aparecieron detalles que pasaban inadvertidos, entre ellos que, según investigaciones de prensa, en su vida había acumulado hasta 55 procesos judiciales por diversos asuntos.
Todo se agravó al trascender además que Soto omitió información en la hoja de vida para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contrató a una cuñada como asistente y, sobre todo, impulsó una ley que lo favoreció en un litigio personal que tiene con una empresa que lo acusa de estafa.
Esa empresa, Transportes Wayna Picchu, del departamento de Cusco, compró una casa en 2012 por 265.000 dólares, con intermediación del ahora presidente del Congreso, quien era para entonces su asesor legal.
Después se estableció que el dueño de la casa vendida era el propio Soto, quien se la había comprado a unos campesinos por solo 5.000 dólares. Comenzó entonces un proceso en el que un tribunal halló culpable de fraude al parlamentario y le impuso una cuantiosa multa.
Pero ese fallo quedó en el aire porque el Congreso aprobó una ley que cambia los tiempos de prescripción, lo que favoreció a Soto. Ahora la prensa documentó que fue el propio beneficiado el que impulsó esa norma.
Quién es Alejandro Soto
Aunque desconocido a nivel nacional, el congresista tenía larga trayectoria pública en su natal departamento de Cusco, sobre todo por un programa de radio que dirigió por años y que generaba molestia por supuestamente dar información falsa, al punto que una vez una turba incendió la emisora.
Como periodista enfrentó procesos por difamación y recibió multas que aún no hace efectivas. Esa información debió estar en la hoja de la vida para el JNE, pero no fue incluida.
Soto prometió responder a los señalamientos en una conferencia de prensa que programó para finales del mes.
Por ahora negó el nepotismo con el argumento de que la contratada no es hermana de su esposa, sino de una mujer con la que acaba de tener un hijo en una relación “informal” y no es, por tanto, su cuñada.
“Es harto conocido que hay gente que no le interesa que un provinciano sea presidente del Congreso. Queda claro que hay intereses”, dijo Soto en respuesta al escándalo que pone de nuevo en la mira a un Congreso que en ninguna encuesta llega siquiera a 10% de aprobación popular.
“Por supuesto, la discriminación por la condición provinciana u otra puede ser un ingrediente en cada caso, pero las faltas ahí están, independientes del origen del responsable, y chillan su identidad”, señaló al respecto el analista Fernando Vivas.
Si Soto fuera destituido por sus compañeros, se podría elegir un nuevo presidente sin sacar a los otros miembros de la junta, como ya pasó en 2022 con Lady Camones, también de APP, quien cayó acusada de prácticas indebidas.
De todas formas, un sector del Congreso afirma que debe caer toda la fórmula: “La Mesa Directiva es responsable de a quién tenemos por presidente. Esa lista se conformó en función de una alianza y, en ella, hay responsabilidades compartidas”, planteó en la radio RPP la parlamentaria de centro Flor Pablo.
La alianza entre FP, partido de derecha radical que toma el legado del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, y PL, que se declara marxista leninista, ha sido muy criticada desde diversos sectores, que aseguran que es solo una negociación para proteger mutuamente los intereses de ambos bandos.
APP, un partido con una ideología más difusa, funge como una bisagra entre los otros dos grupos, una función que le ha sido históricamente característica en su accionar político.
Soto, o quien lo reemplace si cae en un proceso de censura, genera además expectación porque por ley sería quien asuma la jefatura de Estado en caso de que la presidenta Dina Boluarte renunciara o fuera destituida.
Los analistas coinciden en que, a tres años de que termine el período oficial, la posibilidad de que haya cambio en el Gobierno está abierta por el fuerte malestar de la población y por la inestabilidad de un país que ha tenido seis presidentes en los últimos siete años.
Fuente: Télam